Avisan de las dificultades que atraviesan para probar sus relatos ante la falta de sistemas alternativos de comunicación

Expertos denuncian que las personas con discapacidad comunicativa que sufren violencia sexual en España son también víctimas de discriminación en los juzgados ante la falta de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación --como pictogramas o sintetizadores de voz-- o ante la negativa de permitir la intervención de logopedas que les permitan comunicarse mejor para poder contar lo ocurrido.

"No puede ocurrir que una persona haya sido agredida y no pueda testificar. Es un doble delito", asegura Ana Vázquez, vicepresidenta del Colegio General de Logopedas en declaraciones a Europa Press.

Vázquez indica que en España hay miles de personas con discapacidad comunicativa que no pueden prestar testimonio ante un juez porque la Administración no cuenta aún con los medios suficientes para tomarles declaración.

Ante este escenario, insiste en que el acceso a la Justicia debe ser universal y que "no puede darse el caso de que, porque haya personas que no tienen cómo manifestarse de forma oral, no pueda accederse a su relato".

"NECESITAMOS SEGURIDAD JURÍDICA"

Ángeles Blanco, abogada de la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), explica en declaraciones a Europa Press las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad para probar los casos de violencia sexual. "Estamos viendo una vulneración y una impunidad muy graves", apunta.

La abogada precisa que, en ocasiones, no cuentan con un informe forense porque el proceso comunicativo de las víctimas para avisar de la agresión suele tener lugar tiempo después, cuando ya no pueden recabarse pruebas biológicas.

Añade, además, que en algunos casos que han conseguido judicializar y han llegado a celebrar juicio, el juez de turno "no ha admitido la comparecencia de la víctima mediante comunicación alternativa".

Señala que hoy por hoy, aunque ya se reconoce la lengua de signos y el rol de las personas facilitadoras en los juzgados, "no hay un reconocimiento en las leyes procesales" de los sistemas de comunicación alternativa en sede judicial.

En este sentido, Blanco subraya que en la ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, no se hace "mención expresa" a la comunicación alternativa --aquella necesaria en casos donde no hay comunicación verbal-- o aumentativa --útil cuando una persona tiene comunicación verbal pero no se le comprende todo el discurso-- en los juzgados.

A su juicio, este vacío conlleva que sea cada juez el que valore si se admiten o no estos sistemas para que comparezca la víctima de violencia sexual. Incide en que aunque este año se aprobó la ley 6/2022, que regula la accesibilidad cognitiva y recoge la comunicación alternativa y aumentativa, "la realidad" es que se siguen "enfrentando a esta problemática".

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Blanco asegura que "en cada comparecencia" tiene que "luchar" para que los juzgados admitan estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. "Necesitamos seguridad jurídica", subraya al tiempo que insiste en que se debe admitir en sede judicial la intervención del logopeda.

PETICIÓN A LA FISCALÍA

Desde Aspace piden a la fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados de atención a personas con discapacidad y Mayores, María José Segarra, que inste a las fiscalías a que se admita la comunicación alternativa en las comparecencias en sede judicial.

Blanco asegura que mantienen una "relación positiva" con el Ministerio Público, pero subrayan que necesitan "un paso más" para que la participación de los logopedas y los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa no queden a la "sensibilidad" de cada fiscal, sino que todas las víctimas de violencia sexual con discapacidad tengan "todas las garantías procesales".

Según relata Blanco, en Aspace --desde mayo de 2020, cuando pusieron en marcha un canal de denuncia durante la pandemia-- han contabilizado 54 casos de violencia contra mujeres con parálisis cerebral. De esos 54 casos, 36 son de violencia sexual y 2 son de explotación sexual. Hasta el momento, han conseguido judicializar 15.

MISMA PATOLOGÍA, DIFERENTE MÉTODO

La vicepresidenta del Colegio General de Logopedas, Ana Vázquez, reconoce la dificultad que conlleva atender este tipo de casos porque, según subraya, "distintas personas con una misma patología o trastorno no van a necesitar el mismo método de comunicación".

En este sentido, señala que, por ejemplo, una persona con espectro autista podría declarar ante un juzgado a través de pictogramas, pero a lo mejor otra persona con la misma caraterística se comunica mejor con dibujos reales o algún otro tipo de comunicación alternativa.

Además de los pictogramas, Vázquez señala entre los métodos de comunicación los sintetizados de voz, los intérpretes de signos, o el sistema de palabra complementada (que permite a las personas con discapacidad auditiva comunicarse, mediante el uso simultáneo de la lectura de labios y una serie de complementos manuales).

AVANCES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Pese a las dificultades que denuncian desde el Colegio General de Logopedas, Vázquez asegura que en los últimos años se han logrado avances. "Hace 10 años nadie pensaba que un logopeda podía hacer un peritaje; hoy por hoy, sí", apunta.

El año pasado entró en vigor la ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El texto regula las adaptaciones y ajustes en los procedimientos en que participen personas con discapacidad, "con independencia de si lo hacen en calidad de parte o en otra distinta y que se llevarán a cabo en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación".

Además, dicha ley menciona expresamente que se permitirá que "la persona con discapacidad, si lo desea y a su costa, se valga de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste".

Ángeles Blanco, abogada de Aspace, reprocha que el uso de facilitadores y logopedas quede a costa de la víctima. "Dependiendo de la capacidad económica de la persona se podrá proseguir o no y eso atenta contra el derecho de tutela judicial efectiva", subraya. E insiste en que en dicho texto no se haga "mención expresa" a la comunicación alternativa o aumentativa.

En el marco de los trabajos realizados desde el Colegio de Logopedas y Aspace para promover y garantizar la presencia de los profesión, se está llevando a cabo un proyecto piloto de formación gratuita específico para que logopedas puedan formarse en el área legal para la intervención en las comparecencias ante los juzgados.

Inciden en que así como ya no se cuestiona la profesionalidad o competencia de un intérprete de lengua extranjera o de un intérprete de lengua de signos en un juicio, no se llegue a cuestionar al logopeda y a los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa.