El exletrado mayor del Parlamento andaluz José Antonio Víboras ha declarado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE que "los diputados están en condiciones de conocer el contenido y alcance de cada partida presupuestaria" y "el destinado de los estados de gasto".

Víboras ha testificado en el juicio a petición de la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, uno de los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Ha defendido que en la Cámara andaluza hay un cuerpo de letrados y una Oficina de control presupuestario a disposición de los parlamentarios para su asesoramiento jurídico técnico a la hora de votar cualquier proyecto de ley, entre ellos los presupuestos anuales, donde desde 2002 se consignaban transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA (luego IDEA) para un programa de la Dirección General de Trabajo sobre ayudas sociolaborales.

Ha señalado que no se realizó consulta alguna a los letrados de la Cámara sobre ese sistema implantado para pagar las ayudas investigadas en el caso ERE y ha defendido que al aparecer así en los presupuestos "la habilitación del Parlamento" -que es quien aprueba el proyecto de las cuentas que propone el Ejecutivo- es que esos fondos son "para eso y no para otra cosa" y aplicarlos a otro fin "sería delito".

El abogado de Griñán, José María Mohedano, le ha preguntado si la forma de presupuestar el crédito destinado a las ayudas se podria considerar "inadecuada" (la Intervención calificó así el uso de transferencias de financiación), si bien Víboras ha indicado que le parecería un "juicio temerario".

A preguntas del abogado del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro el exletrado mayor del Parlamento ha indicado que "una regulación como tal de las transferencias de financiación no existía en la Ley de Hacienda Pública".

Ha confirmado, a preguntas del letrado del PP-A, que el grupo popular presentó enmiendas para suprimir las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para pagar las ayudas de los ERE porque no tenían fiscalización previa y que el Consejo Consultivo se quejó de que para informar los presupuestos sólo se les remitía el texto articulado y la memoria pero no el estado de gastos.

En la sesión de esta tarde también ha testificado la actual jefa de la oficina de la presidenta de la Junta Susana Díaz, quien fue también secretaria de Griñán primero en su etapa como consejero de Hacienda y luego como presidente, María Auxiliadora Martínez, quien a preguntas del letrado de Griñán ha dicho no recordar que a éste le llegaran informes de la Intervención remitidos por ésta o por la viceconsejería de Hacienda.

Por su parte, el exdirector de Presupuestos del 2009 al 2012 Buenaventura Aguilera -que estuvo investigado en la causa pero el instructor la archivó para él, mientras que su antecesor Antonio Lozano sí está procesado- también ha defendido que la finalidad de los fondos enviados de Empleo a IDEA es "clara" y "meridiana" y que "nos hubiera extrañado que un hospital recibiera transferencias de financiación para ayudas sociolaborales pero IFA/IDEA no".