El exjefe de la asesoría jurídica del ente público IFA Plácido Conde ha declarado hoy que no ve "ninguna tacha de ilegalidad" en el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para pagar las ayudas investigadas en el caso ERE a través del ente público con fondos de Empleo.

Conde ha testificado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 excargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Ese procedimiento específico se inició mediante la firma de un convenio entre la Consejería de Empleo -cuya Dirección General de Trabajo concedía las ayudas- y el ente público IFA, que se encargaba de pagarlas con fondos que la consejería le hacía llegar mediante transferencias de financiación, un instrumento considerado "inadecuado" por la Intervención de la Junta y que según la Fiscalía y las acusaciones buscaba eludir la fiscalización previa.

Conde fue jefe de la asesoría jurídica del IFA entre 1994 y 2002 y posteriormente ejerció durante ocho meses, hasta febrero de 2003, la secretaría general del ente público.

Aunque no le pidieron un informe específico sobre el convenio marco, sí lo conoció y ha asegurado que "profesionalmente" no ve en el mismo "ninguna tacha de ilegalidad". "A lo mejor estoy equivocado y he perdido el norte", ha enfatizado.

Tampoco le pidieron informes escritos cada vez que IFA suscribía convenios particulares con Empleo para pagar ayudas concretas al amparo de ese convenio marco, pero el que fuera presidente del ente durante su etapa en la asesoría jurídica Salvador Durbán si le consultaba verbalmente de forma "frecuente" antes de firmarlos si era competente para ello.

Conde ha señalado que su respuesta era afirmativa porque no vio en ninguno de esos convenios para pagar ayudas concretas "ninguna barbaridad" y "el IFA estaba capacitado para formar convenios con cualquier consejería" de la Junta.

Además ha subrayado que el ente público dependía de una consejería -entonces Empleo y desde 2004 Innovación- que tenía un titular "y había una presunción de que la consejería hacía las cosas legales, después se ha demostrado que había alguna barbaridad".