El exinterventor de la Consejería de Empleo Juan Luque ha criticado hoy que en el caso ERE "parece que los interventores son más acusados que los acusados" y que se cuestione su control y no "que la Cámara de Cuentas no haya auditado nunca a IDEA", agencia pública a través del cual se pagaban las ayudas.

Luque, que estuvo investigado en la causa, ha declarado como testigo en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Ese "procedimiento específico" consistía en pagar las ayudas a través del ente pública IFA (luego IDEA) con fondos que la Consejería de Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, un instrumento que la Intervención en los informes de Control Financiero Permanente de IDEA advirtió de que se estaba usando de modo "inadecuado", ya que su destino legal es financiar "actividades de la entidad que las recibe".

La Fiscalía y las acusaciones sostienen que se eludía así la fiscalización previa que debe tener toda ayuda de la Junta pues, según ha explicado Luque, el interventor de la Consejería de Empleo simplemente comprobaba "aspectos formales" del expediente por el que se traspasaba el dinero a IDEA, pero "de ninguna manera" podía saber que las ayudas que se pagaban con esos fondos no las daba IDEA sino la consejería.

El abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández le ha preguntado si hubiera elevado un reparo suspensivo de haberlo sabido pero Luque -que fue interventor de la consejería de noviembre de 2008 a diciembre de 2012- ha eludido "hacer supuestos" aunque ha acabado indicando que probablemente "lo hubiera comunicado al interventor general" (éste es uno de los acusados).

Luque ha ratificado su declaración ante la Guardia Civil en la que dijo no entender que la Cámara de Cuentas no actuara, al señalar que entre sus obligaciones está auditar la cuenta general de la Junta en la que aparecen estas trasferencias de financiación que podía haber revisado.

"Que la Cámara de Cuentas no haya auditado nunca a IDEA me resultó extraño", ha subrayado, tras lo que ha criticado que cuando respecto a los interventores en esta causa "se plantea lo que debimos hacer, cuando parece que los interventores somos más acusados que los acusados, me planteé por qué la Cámara de Cuentas no ha dicho algo".

Ha insistido en que los interventores hicieron un "trabajo profesional" y lamentado que "en un momento pareció que por los gestores si no hay informe de reparo de la Intervención ya lo está haciendo bien".

Ha comparado la actuación de estos organismos de control con la de un agente de aduanas que puede hacer su trabajo y a pesar de ello que entre mercancía ilegal.

"No salva la responsabilidad de nadie la actuación del interventor, ni la actuación del interventor puede ir más allá de lo que tiene reglado", ha subrayado.

Ha señalado que en la Intervención de la Consejería de Empleo se vivía una situación "absolutamente de normalidad" y se seguía "una rutina tan pacífica, tan cotidiana" que no dio lugar a que saltaran alarmas por presuntas irregularidades.

"A veces atribuimos a la maldad lo que es sólo fruta de la rutina del día a día", ha lamentado.

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Previamente, a preguntas del fiscal, Luque ha dicho que no conocía el programa de ayudas sociolaborales de la consejería antes de estallar el caso ni el convenio marco de 2001 que implantó su pago vía IDEA, que no despachaban con los cargos políticos de la consejería y que cuando en 2010 se tramitó la primera encomienda de gestión en sustitución de las transferencias de financiación se "fiscalizó mal" al tratarlas como si siguieran siendo transferencias.

Luque continuará respondiendo mañana a las defensas.