El ex director general de Planificación Educativa de Murcia Enrique Ujaldón ha negado hoy ante el juez del caso Púnica en la Audiencia Nacional haber asistido a reunión alguna para concertar contratos con empresas de la trama Púnica para mejorar la imagen del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

Ujaldón ha declarado hoy como testigo ante el juez Manuel García Castellón, que le ha citado dentro de una ronda de comparecencias pedidas por las defensas tras admitir un recurso contra el auto de cierre de instrucción que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia antes de inhibirse a la Audiencia Nacional.

El juez consideró en ese recurso, según han informado a Efe fuentes jurídicas, que se deben practicar varias pruebas propuestas por las defensas antes de concluir la fase de investigación y abrir juicio oral contra Sánchez, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide 2 años de prisión por intentar usar dinero público para mejorar su reputación en internet.

La citación de Ujaldón responde a que un funcionario anónimo le emplazó en reuniones con Sánchez para acordar que se usara una partida de formación de la Consejería de Educación para pagar a dos empresas relacionadas con Púnica (Eico y Madiva) campañas de mejora de la imagen del expresidente de cara a las elecciones.

En concreto, la Guardia Civil afirma que Sánchez se concertó con el empresario Alejandro de Pedro (dueño de Eico y Madiva) para pagarle 4.600 euros al mes durante siete meses para mejorar su reputación, un dinero que inicialmente saldría de fondos públicos en el marco de un eventual contrato "en materia de formación".

Según fuentes presentes en su declaración consultadas por Efe, el testigo ha dicho hoy al juez que él nunca participó en ninguna reunión en la que se hablara de ese tema y que no conoce esos pagos a las empresas de Púnica.

Ha añadido que, en todo caso, las tareas de formación nunca se contrataban con empresas, por lo que se podían haber hecho esos pagos a través de esas partidas porque ese tipo de abonos los hacían los centros de profesorado, no la Consejería directamente.

La rama del caso Púnica referida a Sánchez volvió a la Audiencia Nacional después de que el expresidente regional perdiera su aforamiento al dimitir como diputado autonómico en octubre de 2017.

En este proceso se trata de determinar si Sánchez pudo incurrir en delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada en sus tiempos de consejero de Educación.

Junto a Sánchez figura también como imputado el que fue su asesor en la consejería, David Conesa.