El exdirector del Diplocat Albert Royo ha admitido hoy ante el juez que esta entidad pagó los viajes de delegados parlamentarios europeos que de desplazaron voluntarios a Cataluña por el 1-O, aunque ha negado que fueran observadores internacionales contratados por el Govern para supervisarlo.

En su comparecencia ante el juez que investiga los preparativos del 1-O, según fuentes jurídicas, Albert Royo ha confirmado que este organismo pagó el desplazamiento de estos delegados a Cataluña pero lo ha desvinculado del 1-O, si bien la Generalitat definió la visita de estos expertos como la primera "misión internacional de observación electoral".

El exsecretario del Diplocat ha comparecido hoy en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en calidad de imputado, junto con el exsecretario general del departamento de Exteriores, Aleix Villatoro; el exdelegado de la Generalitat en la UE, Amadeu Altafaj, y la directora de Servicios de Exteriores, Marta Garbasall, que trabajó para el exconseller Raül Romeva, y dos testigos.

En un informe sobre los gastos públicos del 1-O, la Guardia Civil detalló que el Diplocat incurrió en gastos relacionados con el traslado y la estancia de los distintos observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum.

En concreto, la Guardia Civil detalla en su informe que el Diplocat hizo pagos por valor de 119.700 euros al The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) que podrían estar relacionados con el "traslado en avión, alojamiento y prestación de servicios de esos observadores internacionales" para el 1-O.

Según las fuentes, el exsecretario ha admitido que se hicieron pagos a "delegados parlamentarios", pero ha negado que fueran "observadores", y ha explicado en que el Diplocat es un organismo que no depende directamente de la Generalitat.

En este sentido, el Diplocat ha sido definido como un "consorcio público-privado" que integra a 38 instituciones, entre ellas el Barça, La Caixa, CCOO, UGT, las cuatro diputaciones catalanas o los ayuntamientos de las cuatro capitales de provincia.

Por su parte, Altafaj ha confirmado que la Generalitat efectuó pagos dirigidos al laboratorio de ideas -'think-tank'- The Hague Center for Strategic Studies, pero que estos fueron para elaborar un "informe estratégico" que asesoraba al Govern sobre asuntos de alcance europeo y su impacto en Cataluña.

Según el excargo de la Comisión Europea, este estudio forma parte de una hoja de ruta definida por la Generalitat durante el periodo 2015-2018 para monitorizar el posicionamiento de Cataluña a nivel internacional, y lo ha desvinculado de la campaña del referéndum.

Este plan implicaba, a través de la delegación del Govern en Bruselas, incidir en el papel de Cataluña en la política comunitaria europea y preveía participar, por ejemplo, en 'think-tanks'.

Para financiar el estudio se efectuaron dos pagos que ascendían a 119.00 euros en total, y faltó un tercer pago por valor de 40.000 que Altafaj no pudo autorizar porque fue destituido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En concreto, el informe recogía el impacto en Cataluña de asuntos o actores internacionales como el Brexit, Rusia, el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos o el terrorismo yihadista.

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El exsecretario de Exteriores Aleix Villatoro ha sido preguntado por la aplicación Registro de Catalanes en el Exterior, que según un informe de la Guardia Civil fue sometida a modificaciones que supusieron un coste de más de 94.000 euros a la Generalitat.

Villatoro, según las fuentes, ha negado que estos cambios tuvieran algo que ver con la celebración del referéndum del 1-O y ha señalado que la aplicación abarcaba a todos los ciudadanos en el extranjero, incluyendo menores, todavía sin edad para votar, concerniendo estas modificaciones a asuntos como el Carnet Jove o la Tarjeta Sanitaria Europea.