Los exresponsables de la revista "Interviú" Alberto Pozas y Luis Rendueles creen incompatible su procesamiento por el caso Dina con la decisión paralela de pedir al Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por considerar que mintió para beneficiarse electoralmente de este caso.

En su recurso ante la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Efe este jueves, la defensa de ambos alega que el hecho de que se mantenga la imputación "y, a su vez, se atribuya a los propios perjudicados (Dina Bousselham y Pablo Iglesias) retener y destrozar el material en el que se asienta la imputación de mis defendidos, y denunciar falsamente y faltar a la verdad en el curso del procedimiento seguido contra mis defendidos, resulta de una incongruencia e incompatibilidad extremas".

Entiende que si hay dudas sobre la versión de los perjudicados sobre el delito de revelación de secretos que se les atribuye a los periodistas por entregar a Villarejo una copia de los datos de la tarjeta de la ex asesora de Podemos no cabe seguir la acción penal contra ellos, teniendo en cuenta además que en este punto no se sabe qué información del móvil obtuvo cada uno de los implicados.

Consideran sorprendente la afirmación de que entregaron a Villarejo "parte del contenido de la tarjeta", cuando, debido a los daños ocasionados en la tarjeta, que según la tesis del juez serían atribuibles Iglesias, "no podremos nunca saber qué es lo había en esa tarjeta, ni si coincide o no con la información encontrada en el domicilio del señor Villarejo".

Califican también de contradicción flagrante que en el auto de procesamiento se asegure que llegó a la revista una copia parcial de la tarjeta, y en el relato de la exposición razonada al Supremo, en la que pide imputar a Iglesias y que dictó el mismo día, diga que les llegó la tarjeta original.

Esta contradicción demuestra, a su juicio, que "en la Instrucción no se ha podido averiguar qué es lo que llegó a manos del señor Pozas, qué es lo que éste entregó al señor Asensio, qué es lo que el señor Asensio entregó al señor Iglesias y si algo de todo ello es o no lo que se encontró en el domicilio del señor Villarejo".

Esta sola circunstancia -defienden- debería conllevar el sobreseimiento, "pues dicha contradicción sobre el objeto mismo del delito impide a esta defensa saber de qué se pretende acusar a mis defendidos".

Pozas, que dimitió de su cargo como director general de Información Nacional de Moncloa al ser imputado en esta causa, y Rendueles insisten también, como ya han hecho en otros recursos, en que le dieron a Villarejo el "pendrive", porque este se lo pidió y lo consideraron un "requerimiento policial".

Critican así que la única razón del juez para procesarles haya sido que el "pendrive" que entregaron a Villarejo "contenía información personal de Dina Bousselham, sin que constara investigación policial o judicial alguna, o solicitud oficial que justificara la entrega".

El recurso trata de rebatir la tesis del juez de que esa petición de información no fue una solicitud oficial por parte de un policía y reitera que los periodistas lo entendieron "como un requerimiento policial de información que debía ser cumplido".

Se apoyan en que en aquellas fechas era "un comisario prestigioso y en activo", en que los medios de comunicación publicaban investigaciones policiales acerca de las cuentas de Podemos y en que en una revista como "Interviú" "no resultaba extraño" recibir este tipo de peticiones de fuerzas policiales.

A modo de ejemplo, el escrito alude a un vídeo de La Manada de Pamplona, "que la policía supo que estaba en poder de la revista y que igualmente fue requerido y entregado" sin que mediara ninguna petición por escrito.

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"Llama la atención que la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía no fueran capaces de encontrar motivos para detener al comisario Villarejo hasta noviembre de 2017, pero se exija a Pozas y Rendueles que casi dos años antes supieran que se trataba de un presunto delincuente", lamentan.