El histórico político de CDC y exdiputado en el Congreso Jordi Xuclà sugirió el nombre de la empresa belga investigada por corrupción a la que la Generalitat pagó 4.132 euros en 2015 por un informe sobre defensa que la juez sospecha enmascaraba el desvío de dinero público al procés.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, así lo ha precisado este jueves el sociólogo Salvador Cardús, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional y quien encargó el informe bajo sospecha, en su declaración como testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona.

La declaración de Cardús se enmarca en la ronda de testificales encargadas por la juez, que investiga al exconseller Raül Romeva y a una decena de cargos del Govern por malversar casi un millón de euros para "internacionalizar" el procés mediante contratos a dedo, algunos vinculados a informes o trabajos académicos "arbitrarios".

Uno de los informes que investiga la juez por su opacidad es un estudio en materia de defensa que la Generalitat encargó a la empresa belga BVBA Services, sociedad que, según la información que le han remitido las autoridades del país, carecía de empleados y fue investigada por la Fiscalía por corrupción y blanqueo de capitales.

La instructora no ha logrado dar con dicho informe, que se ignora si llegó a redactarse, y nadie lo ha aportado a la causa: tampoco Salvador Cardús, pese a que fue él quien se encargó de traducirlo.

Según ha explicado el sociólogo y profesor universitario, desde que en 2015 cambió el centro donde imparte clases perdió la documentación que guardaba en su correo electrónico antiguo, incluidos los mensajes que permitirían seguir el rastro de su contratación, así como el original del propio informe.

El testigo ha precisado que fue Robert Albinyana, a la sazón exsecretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat y también investigado en la causa, quien contactó con él para que elaborara un informe sobre nuevos sistemas de defensa internacional.

Según el sociólogo, puesto que se trata de una materia en la que no es especialista, pensó en encargar el informe a terceros y se puso en contacto con Xuclà, que en 2015 era diputado del Congreso y miembro de la comisión de Defensa de la Cámara Baja.

El histórico político de CDC propuso entonces el nombre de la empresa belga, de la que Cardús ha dicho que no había oído hablar nunca.

Esta investigación judicial se deriva de una denuncia que presentó la Fiscalía a partir de un informe del Tribunal de Cuentas que detectó que la Generalitat había destinado fondos públicos a actividades que no entran en sus competencias y pueden "perturbar" la dirección de la política exterior española.

La Fiscalía halló supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos y subvenciones -otorgados "a dedo" o troceados para evitar concursos públicos-, que, según la juez, no iban dirigidos a "promocionar la imagen del país, objetivo de la acción exterior, sino a internacionalizar el proceso sobre el derecho a decidir".

Entre los contratos investigados figuran trabajos académicos en materias en principio ajenas al ámbito competencial de la Generalitat, algunos "orientados a contar con estudios para la creación de las estructuras de un nuevo Estado una vez Cataluña alcanzara la independencia", según mantiene la juez en el auto con que, el pasado mes de mayo, abrió la investigación. EFE

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