La defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha alegado que la Intervención de la Junta "conoció inmediatamente" cómo se daban y pagaban las ayudas de los ERE y "desde el principio" lo vio "inadecuado", pero no ordenó suspenderlo cuando "cerrado el grifo se habría acabado el agua".

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo ha continuado leyendo su informe final en defensa del exconsejero de Empleo, que afronta ocho años de prisión y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación y es uno de los pocos ex altos cargos de la Junta procesados que ya ha pasado por la cárcel.

Ha defendido que, pese a la tesis de las acusaciones y la pericial de los interventores del Estado (IGAE) en la que se basan, el sistema usado por la Consejería de Empleo durante una década para repartir ayudas sociolaborales y a empresas en crisis no se ocultó a la Intervención, pues se le remitía cada expediente de gasto de transferencias de financiación a la agencia pública IDEA.

Ha aludido a documentos vistos en el juicio y testimonios oídos que prueban que esos expedientes indicaban que los fondos se enviaban a IDEA para que pagar ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo, por lo que ve "grave" e "inconcebible" decir que dicho interventor fue "engañado" sobre el sistema.

Igualmente, en el control financiero permanente de IDEA "machaconamente" su interventor señaló desde el 2001 la "inadecuación presupuestaria" que suponía usar transferencias de financiación para encomendar al ente pagar unas ayudas de Empleo, porque esa herramienta sólo se podía destinar a equilibrar pérdidas de las empresas públicas.

Un criterio que corroboró el interventor general, el acusado Manuel Gómez, al encargar en el 2003 un informe adicional que analizara los expedientes de concesión de las ayudas de Empleo, concluyendo que se daban prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, y al ordenar en el 2004 retener temporalmente un crédito.

Para el letrado, "si ese era el criterio" de la Intervención "podía y debía haber realizado un reparo suspensivo" parando la salida de dinero de la Consejería de Empleo a IDEA y con ello "cerrado el grifo se habría acabado el agua", pues al no recibir el dinero las ayudas se habrían dejado de pagar.

El asunto hubiera llegado al Consejo de Gobierno, que lo "hubiera podido dirimir desde aquel momento inicial".

Si "jamás hubo reparo" se puede entender que el interventor de Empleo no vio nada ilegal y "eso trasladaría a los órganos superiores de la Consejería la presunción legítima de la correcta actuación del órgano inferior que gestionaba las ayudas", la Dirección General de Trabajo.

Pero Del Hoyo ha denunciado que las acusaciones deben mantener la tesis del "engaño" al interventor de Empleo porque o se considera que su fiscalización fue correcta y por tanto no se puede mantener que el sistema era inadecuado o se considera que su fiscalización fue incorrecta, una "mala práctica que sería imputable a él" y no a los 21 acusados.

También ha apelado a la documentación que acompaña a los presupuestos anuales de la Junta analizada en el juicio para negar que, como sostuvieron los peritos de la IGAE, el Parlamento fuera "inducido a error" y desconociera que las transferencias de financiación a IDEA que anualmente aparecían consignadas eran para pagar unas ayudas que concedía la Consejería de Empleo.

Así aparecía en las memorias de presupuestos por lo que "el legislador andaluz conoció con precisión y quiso" que así se gestionaran las ayudas año a año.

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"Es de especial delicadeza y gravedad que se pueda considerar que los parlamentarios o bien eran conscientes del supuesto fraude o bien eran unos perfectos ignorantes ya que no sabían lo que debatían", ha subrayado Del Hoyo.

El letrado ha disertado sobre la normativa aplicable a las ayudas de los ERE, señalando que no había una regulación autonómica porque sólo el Estado puede legislar en materia laboral y se aplicaba una orden estatal de 1995 sobre ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas -dictada por el entonces ministro de Trabajo, el expresidente de la Junta José Antonio Griñán procesado en este juicio-.

El letrado se ha unido así a la tesis defendida por el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, al alegar que la Junta dio las ayudas igual que el Estado "a excepción de la sujeción a la fiscalización previa seguida allí pero no aquí", pues la orden no fijaba requisitos sino que permitía "la discrecionalidad".