La defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha alegado que éste "depositó su confianza en el buen hacer de su inferior jerárquico, el director general de trabajo, para conceder las ayudas" investigadas en el caso ERE y "no tuvo conocimiento ni consintió presuntas irregularidades".

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo ha continuado esta tarde exponiendo su informe final para defender la inocencia del exconsejero, que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta.

Fernández fue viconsejero de Empleo del 2000 al 2004 y consejero del 2004 al 2010, siendo directores generales de Trabajo los también procesados Javier Guerrero y Juan Márquez -que afrontan las mismas penas por los mismos delitos-.

Ambos desarrollaron con "autonomía" su competencia como gestores de las ayudas y, según el abogado, considerar que el exconsejero debía haber intervenido en la gestión de todos los programas de cada una de las direcciones generales que tenía a su cargo "es desconocer el normal funcionamiento" de la administración.

Por ello, para el letrado, Fernández no prevaricó pues no dictó ninguna resolución administrativa para conceder y pagar ayudas y "las diversas irregularidades señaladas por la Intervención de la Junta, en caso de existir, serían responsabilidad del centro gestor de las ayudas".

También ha negado que se le pueda acusar de malversación pues "no tenía a su cargo los caudales públicos" presuntamente malversados ni dictó resolución alguna para disponer de ellos sino que era el director de Trabajo, en el marco de sus competencias para conceder las ayudas investigadas, quien resolvía y gestionaba esos fondos.

Es "falso", ha dicho rotundo, que su cliente conociera las ayudas que daba Guerrero e incluso los llamados "pagos cruzados" que ordenaba porque éste informara de ello en los consejos de dirección de la Consejería, como sostiene el fiscal para basar su acusación.

Se ha referido a varios excargos de la consejería que asistían a esas reuniones y han testificado en el juicio negando que en las mismas Guerrero diera cuenta de las ayudas que daba, pero también en que las declaraciones policiales y en la instrucción en las que este "coimputado" dijo que informaba siempre al consejero no las ha ratificado en el juicio e incluso las rectificó durante el proceso.

Del Hoyo ha recordado que en las cuestiones previas del juicio ya pidió sin éxito la nulidad de esta acusación del fiscal por su inconcreción, algo que "se ha agravado" con su informe final en el que "aún no sabemos qué concretas conductas malversadoras se atribuyen al señor Fernández" cuando incluso sostiene que en este proceso no se juzga la concesión y pago de las ayudas.

Si la defensa de Fernández ha hecho recaer toda responsabilidad sobre las ayudas de los ERE en el director de Trabajo, previamente ha aludido a la "omisión de la actuación debida de control interno" por parte del también acusado Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta.

A su juicio, tras examinar en 2003 una veintena de expedientes de ayudas y hacer un informe adicional donde recoge hasta 18 irregularidades y concluye que Guerrero prescindía totalmente del procedimiento legal, "pudo y debió emitir un informe de actuación" con el que "la máquina administrativa se para".

El abogado de Fernández continuará mañana con su informe final, tras el cual será el turno de la defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez.