Se había echado a suerte, el orden de colocación en el plató; se había echado a suerte, el orden de intervención de los candidatos a las presidencia del gobierno tanto para iniciar el debate como el privilegio de cerrarlo; en realidad no se había dejado nada al azar, o sí...

Nadie contaba con que la Junta Electoral Central suspendería el debate a cinco por ser "contrario al principio de proporcionalidad". El órgano que regula el proceso electoral se ha regido por el artículo 66,2 de la Ley Electoral, que exige a los medios públicos y privados respetar los principios de pluralismo e igualdad. Y por eso ha resuelto así en respuesta a los tres recursos presentados por JxCat, PNV y Coalición Canaria, además de dar a Atresmedia la opción de presentar una alternativa.

No ha tardado en hacerlo. El grupo que integra La Sexta y Antena 3 ha optado por dejar el debate en un formato a cuatro, con PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Aunque en le momento de escribir este artículo, puede que incluso esté en peligro el debate a cuatro en esta cadena, si finalmente Pedro Sánchez prefiere participar en uno con los mismos oponentes en RTVE. Circunstancias que será analizada en los editoriales de mañana jueves.

Este miércoles, de momento, los periódicos analizan la eliminación de Vox de esos debates: La Razón,  periódico del grupo organizador del debate asegura que Atresmedia ya tiene decidido organizar el debate a cuatro, manteniendo la fecha del próximo martes día 23. Sin embargo cuenta que Televisión Española disputa la celebración del debate al grupo privado de televisión con el argumento de "yo lo pedí antes", aunque Pedro Sánchez descartar la opción de la televisión pública.

El Mundo dice que la Junta Electoral Central desbarata el debate que quería el presidente con Vox. Hoy se reúnen los cuatro partidos y sabremos cuándo y dónde. Para el editorialista del periódico no hay discusión legal, pero dice que es un buen momento para reflexionar sobre el concepto de grupo político significativo. Por su impacto en el debate pùblico y por su proyección en las encuestas, Vox es, a todas luces, un partido de importancia en el tablero nacional.

ABC pone en relación las dos decisiones de la Junta Electoral: vetar a Vox para el debate, pero permitir a Junqueras hacer campaña y ser entrevistado por la agencia pública de noticias catalana la mañana del Viernes Santo por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real. En el editorial, ABC sostiene que la Junta Electoral se equivoca, porque su resolución supone una intromisión inaceptable en ámbitos tan esenciales como el derecho a la información y la libertad de prensa. Al tratarse de una televisión privada, y habiendo dado los partícipes su visto bueno al formado escogido, el citado organismo nada debería haber objetado a la emisión de dicho debate.

El País consulta a juristas y todos coinciden en que la resolución de la Junta Electoral tiene base legal y está bien fundamentada. No hay recorrido desde el punto de vista jurídico, aunque puede resultar polémico desde el punto de vista ciudadano y mediático.

En El Periódico de Cataluña, su director Enric Hernández asevera que "no es de recibo que se pueda privar de debates a los votantes porque los partidos, en vez de autoimponérselos por ley, se niegan a reformar una norma obsoleta que les permita obrar en cada campaña según más les convenga".