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Moncloa busca acelerar la renovación del CGPJ tras el revés del TC a su primer estado de alarma

La sorpresa tras el fallo del Tribunal Constitucional sigue latente en las filas del Ejecutivo, que busca reducir al máximo los plazos para renovar "administraciones caducadas"

Pedro Sánchez en el Congreso

Europa Press

Madrid

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 01:30

El Gobierno de Pedro Sánchez se sigue recuperando del traspié jurídico sufrido el pasado miércoles, después de que el Tribunal Constitucional tumbase el primer estado de alarma aprobado por el Ejecutivo en el mes de marzo del año 2020.

La sorpresa sigue latente en los pasillos del Palacio de la Moncloa y el Gobierno ha levantado el hacha de guerra contra el Consejo General del Poder Judicial. Cerrados en banda, el Ejecutivo deslegitima al Constitucional acusándolo de no tener sentido de Estado e intentar interferir en la voluntad democrática de la mayoría de las Cortes, que dio luz verde al decreto de estado de alarma como a las sucesivas prórrogas. En este sentido, la doctrina oficial del Gobierno sigue siendo que lo hicieron para "salvar vidas", teniendo que actuar con rapidez. Pero, el Alto Tribunal no cuestiona en ningún momento el confinamiento, sino la herramienta jurídica desplegada para tal objetivo.

En el Gobierno apuntalan a la idea de haber estado en manos de ocho magistrados conservadores y tres progresistas. De esta manera, tras fracasar sus presiones para teledirigir la resolución según su conveniencia, el Gobierno ven necesario apurar lo máximo posible los plazos para conseguir una renovación del CGPJ, ya que consideran que se trata de un órgano administrativo caducado, aún más después de este varapalo judicial.

Europa pone el foco en la renovación del CGPJ para que se ajuste al derecho

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó este jueves mantener abierta una petición para analizar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, planteada por la plataforma cívica por la Independencia Judicial, que agrupa a magistrados, fiscales, catedráticos y abogados.

El juez Jesús Villegas dijo durante el debate celebrado, y en nombre de esa plataforma, que los cambios en el CGPJ planeados por el Gobierno español comprometen la independencia judicial y la separación de poderes. También explicó que una de las iniciativas, ya aprobada, consiste en la reducción de las funciones del CGPJ durante los periodos de interinidad.

La segunda, que pretendía "reducir las mayorías" en el CGPJ, fue retirada porque "ha generado gran revuelo a nivel interno e internacional", señaló Villegas, que opinó que es "motivo de preocupación" el hecho de que algunos políticos españoles solo parecen "obrar bajo presión".

"Es esencial que el Parlamento Europeo se dirija a las cámaras españolas para que comprendan que no están aisladas", y que la Comisión inicie una investigación sobre la posible vulneración del derecho europeo por parte de España, dijo.

En este sentido, la presidenta de la comisión de Peticiones, la ex ministra de Sanidad española Dolors Montserrat, decidió mantenerla abierta y enviarla a un grupo sobre democracia y Estado de derecho, que forma parte de la comisión de Libertades Civiles, para que la examine y vea si las reformas en España cumplen la legislación europea, así como pedir a la CE que siga examinando la situación.

También accedió a la petición de informar al Congreso de los diputados y al Senado en España para "que tengan conocimiento de esta petición y la decisión de la Cámara comunitaria". Por su parte, un representante de la Comisión Europea subrayó que la CE ha seguido de cerca la evolución de este asunto en España y que está al tanto de las propuestas legislativas.

En ese contexto, recordó que el primer informe sobre el Estado de derecho en la UE, publicado el pasado año, Bruselas ya indicó que "hay necesidad" de abordar la selección de los miembros del CGPJ y actuar para que no se perciba como un órgano que está politizado.

El representante del Ejecutivo comunitario indicó asimismo que Bruselas está al corriente de la retirada de la tramitación de una de las propuestas.

También manifestó que Bruselas está preparando el informe sobre el Estado de derecho de 2021, que se publicará muy pronto, y que atendiendo a los retos identificados en el primer informe, se está analizando el caso del CGPJ. "Continuaremos trabajando con las autoridades para promover el Estado de derecho y estudiaremos todos los casos particulares que se desvíen de esto", dijo el representante de la CE.

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos abogó por mantener abierta la petición, que consideró "legítima, razonada y bien fundamentada".

"El Gobierno de España no solo no acepta reformar la elección de los miembros del CGPJ, sino que ha intentado rebajar la mayoría necesaria para elegir a sus miembros. Quería asegurarse que solo con su mayoría podría elegir a todos los miembros", dijo.

La eurodiputada Cristina Maestre (PSOE) aludió al "bloqueo" causado por el PP cuando en 2018, después de un "acuerdo entre partidos", "cometió el error de jactarse de que iba a modificar el CGPJ por la puerta de atrás".

"Fruto de ese gravísimo suceso se paralizó la reforma y se abortaron reuniones", indicó la diputada, que aseguró que el PP utiliza como el bloqueo como estrategia lo que, añadió, "evidencia la nefasta calidad democrática del partido de la oposición".

La eurodiputada de Renovar Europa Maite Pagazaurtundúa subrayó que en España hace falta "una reforma que despolitice" la elección del poder judicial y que para llevarla a cabo se ha de tener en cuenta "lo que dice la Constitución española y no la vía que se fue tomando desde 1985".

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El diputado de Vox Jordi Buxadé criticó, por su parte, que los diputados del PP y PSOE "ensuciaran" hoy el debate al llevar hasta el PE "la pelea política en España" y consideró que los peticionarios han planteado "una realidad indiscutible: que existe riesgo grave de violación del Estado de derecho" en España.

La renovación del CGPJ, la asignatura pendiente

Durante gran parte del curso político, la renovación del CGPJ se ha convertido en el punto central de la crónica política en nuestro país, debido a la intención de PSOE y Unidas Podemos de rebajar la ley basada en la necesidad de conseguir el apoyo de tres quintos del Congreso para seguir adelante con la renovación por una ley que permita con mayoría simple renovar el CGPJ.

Esta medida fue muy criticada por la oposición, ya que acusaba al Gobierno de ir en contra de la independencia de la Justicia a través de su politización.

Hace unos meses, el por entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anuncia la marcha atrás del ala socialista del Gobierno de coalición en relación con esta medida, volviendo a tender la mano al Partido Popular para negociar la renovación. Por su parte, el partido de la calle Génova sigue sin mostrarse confiado con la propuesta del PSOE.

El líder de los populares, Pablo Casado, avisó en mayo que no procedería a la renovación del CGPJ porque no se fía de Pedro Sánchez, pidiendo después de la marcha atrás de Campo que el líder del Ejecutivo liderase un "compromiso parlamentario" que asegurase que los jueces puedan elegir a la mayoría de los vocales en el siguiente mandato del órgano judicial.

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