Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen previsto comenzar a deliberar sobre el recurso del segundo estado de alarma en octubre a partir de un primer borrador del ponente Antonio Narváez que previsiblemente planteará su inconstitucionalidad.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que se trata de uno de los asuntos de mayor calado y envergadura del presente curso judicial en este tribunal y que, por tanto, requiere de mucha reflexión, algo que puede llevar incluso semanas.

De hecho, los pronósticos apunta a "una deliberación más reñida que la anterior", al no haber un confinamiento, que fue precisamente uno de los asuntos mas polémicos cuando se tumbó el primer estado de alarma con una ajustada votación de seis a cinco en el Pleno.

Se trata de "un tema muy sensible" que este miércoles ha irrumpido de lleno en el tribunal habida cuenta de la noticia publicada por el diario ABC, confirmada por Efe, de que el ponente Antonio Narváez planteará estimar el recurso de Vox.

La noticia ha generado un "profundo malestar" en el tribunal de garantías ya que, según las fuentes, "el proyecto de sentencia todavía no ha sido repartido, ni siquiera es conocido por los magistrados y su deliberación con toda seguridad no se producirá hasta octubre".

Alguna fuentes consultadas consideran que constituye "un absoluto desprecio al Constitucional" dar por aprobada una ponencia que los magistrados aún no han empezado a deliberar ni siquiera a estudiar.

De hecho, en un gesto nada habitual, la oficina de prensa del tribunal de garantías ha salido a desmentir la noticia de este jueves señalando que "resulta prematura cualquier afirmación sobre el resultado de este recurso de inconstitucionalidad".

Cuando el tribunal anuló el confinamiento decretado en marzo de 2020 en el primer estado de alarma señaló en su sentencia que este marco jurídico debe estar "estrictamente acotado en el tiempo y sometido a constante fiscalización y control", uno de los argumentos que podrá influir en su decisión sobre el segundo estado de alarma.

Al contrario que con el primer estado de alarma, que se prorrogaba cada quince días, con el segundo el Gobierno determinó un período de seis meses que fue aprobado mayoritariamente por el Congreso, una situación que se dio en varios países de nuestro entorno, pero respecto a la cual el tribunal se muestra dividido.

Esta cuestión y la cogobernanza con las comunidades autónomas a la hora de acordar limitaciones de derechos fundamentales serán las cuestiones más delicadas a tratar por los magistrados. EFE

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