El Tribunal Constitucional va a estudiar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón respecto al cambio legal que obliga a estos tribunales a avalar las medidas sanitarias que adoptan los gobiernos autonómicos como los confinamientos perimetrales.

En concreto, el TSJA alude al artículo 10.8 de la LJCA, modificado por decreto ley del Gobierno de España el 18 de septiembre, y que prevé que las salas de lo contencioso-administrativo avalen con carácter previo las resoluciones en materia de salud pública que adoptan los gobiernos autonómicos, apuntan a Efe fuentes del Constitucional.

El 4 de diciembre se informó por parte del TSJA de la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad, al considerar que vulnera la separación de poderes, ya que "se trata de una convalidación previa, o de informe de legalidad, sobre el que no tienen competencia los Tribunales".

Los magistrados del Alto Tribunal aragonés cuestionaban si este artículo está acorde con los artículos 106 y 117.3 y 4 de la Constitución española de 1978 y entendían que los Tribunales deben decidir sobre la conformidad de estas medidas solo después de que tenga lugar el procedimiento oportuno y se haya estudiado a fondo el expediente y los motivos y pretensiones de los ciudadanos que lo recurren.

De producirse al revés, eso supondría colocar a los tribunales en una posición de administración colaboradora, y se generarían dificultades si con posterioridad a la aprobación de las medidas se produjera un recurso, adujeron desde el TSJA cuando se planteó la cuestión de inconstitucionalidad. EFE