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ESTRATEGIA JUVENTUD

La Estrategia de Juventud 2022-2030 plantea el voto desde los 16 años

La Estrategia de Juventud 2022-2030, diseñada por el Ministerio de Derechos Sociales y aprobada esta semana en el Consejo de Ministros, plantea rebajar la edad del voto a los 16 años y garantizar una mayor participación de los jóvenes en la toma de decisiones.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 10:26

La Estrategia de Juventud 2022-2030, diseñada por el Ministerio de Derechos Sociales y aprobada esta semana en el Consejo de Ministros, plantea rebajar la edad del voto a los 16 años y garantizar una mayor participación de los jóvenes en la toma de decisiones.

La ministra Ione Belarra presenta este jueves el documento, al que ha tenido acceso Efe, en un acto junto al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la directora general del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez.

La Estrategia de Juventud busca impulsar la participación de adolescentes y jóvenes en todos los ámbitos como agentes de transformación sociopolítica y de impulso del nuevo contrato social.

Para lograrlo, el ministerio Derechos Sociales apuesta por rebajar la edad del voto a los 16 años, equilibrar el peso demográfico y electoral de los jóvenes y promover su liderazgo, así como asegurar una mayor participación de la juventud en los órganos electos y en otros órganos de toma de decisiones.

Considera que frente al lugar común según el cual la población joven no participa en política, en realidad la juventud está tan implicada en política como los adultos.

Y recuerda cómo mientras en 2004 el porcentaje de jóvenes muy interesados o bastante interesados en la política era del 24 %, este porcentaje casi se ha duplicado en 2012, con un 40 %, y alcanza el 37 % en 2019.

Así, la Estrategia se fija como objetivos fomentar el asociacionismo y la participación juvenil, adaptados al entorno digital, promover el voluntariado y los valores de solidaridad, y plantea rebajar la edad para el sufragio activo y pasivo a los 16 años y 17 años, respectivamente.

En el ámbito de la autonomía, empleo digno y emprendimiento joven contempla regular que los códigos de vestimenta laboral no supongan una discriminación en función del género, así como establecer protocolos de actuación para que las empleadas puedan denunciar abusos por parte de los clientes.

También insta a aplicar la normativa general relativa a la igualdad de trato, la no discriminación y la conciliación en el ámbito de Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.

En cuanto al acceso a la vivienda, emancipación, natalidad y proyecto vital, apuesta por desarrollar un parque público en alquiler que garantice la oferta de viviendas sociales suficiente, destinadas a la población joven y priorizando a los colectivos más vulnerables, de forma que en ningún caso el coste mensual suponga una cantidad superior al 20 % de sus ingresos.

También reclama el cumplimiento del artículo 34 de la Carta de Derechos de la Unión Europea para garantizar el acceso inmediato a la vivienda a jóvenes extutelados y otros jóvenes sin hogar en riesgo de exclusión social, y favorecer el asentamiento de la población joven en el mundo rural mediante el acceso a la vivienda.

En el ámbito de la salud, llama a garantizar el bienestar mental de la juventud, prevenir el suicidio y acabar con la estigmatización de los problemas de salud mental.

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Además, quiere que se reconozca la LGTBIfobia familiar como una causa de violencia en la ley de protección de la infancia y la adolescencia y que se reforme el modelo de acogida de solicitantes de asilo y protección humanitaria, para ajustar la capacidad de acogida y reforzar la eficiencia del sistema.

En cuanto a movilidad juvenil, emigración y retorno, apuesta por impulsar la Estrategia Nacional de Retorno y promover que las comunidades autónomas apliquen el "Pasaporte de Vuelta", ofreciendo ayuda y apoyo a jóvenes que quieran retornar.

También quiere que se favorezca el retorno de investigadores jóvenes como está previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el mundo rural, advierte de la necesidad de una infraestructura adecuada que garantice los servicios públicos, conectividad de datos y oportunidades de vivienda.

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