Considera que las leyes de desconexión fueron un fraude de ley y un "atropello"

El diputado de Cs en el Congreso José María Espejo-Saavedra ha testificado en el juicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los exmiembros independentistas de la Mesa del Parlament y ha asegurado sobre la declaración del 27 de octubre de 2017: "En el Parlament de Cataluña no se puede votar la independencia".

En su declaración como testigo la tarde de este martes ante el tribunal y a preguntas del fiscal Pedro Ariche, el que fue miembro de la Mesa en la XI legislatura ha explicado que su grupo abandonó el pleno ese día cuando iban a votarse las propuestas de resolución sobre la independencia porque se abordaban "cuestiones fuera del ámbito que le correspondía al Parlament".

"Entendíamos que lo que se estaba haciendo no se podía hacer. Se nos decía que el Parlament lo puede votar absolutamente todo", ha alegado el diputado.

LEYES DE DESCONEXIÓN

Espejo-Saavedra considera que el trámite para la aprobación de las leyes de desconexión, en el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, fue un fraude de ley y un "atropello" a los derechos de la oposición.

Ha explicado que los grupos independentistas incluyeron las proposiciones de ley en el orden del día de la Mesa el mismo 6 de septiembre --cuando había convocado un pleno--, que la admitió a trámite con la mayoría independentista.

Entonces, dos grupos pidieron cambiar el orden del día del pleno para incluirla ese día, en el que se debatió y aprobó por el trámite de urgencia, pese a las peticiones de reconsideración de la oposición y a sus protestas.

Para el diputado, ese procedimiento no fue en absoluto regular, fue un fraude de ley, y no está previsto por el Reglamento del Parlament: "Por decisión del pleno, no solo se eliminaron trámites; también se eliminaron derechos".

TRÁMITE PARA EVITAR RECURSOS

Sobre esta supresión de derechos, según él, como poder acudir al Consell de Garanties Estatutàries, ha añadido: "Fue uno de los puntos más flagrantes de lo que algunos consideramos un atropello".

Espejo-Saavedra ha dicho que "todo estaba previsto para hacerse muy rápido para evitar los recursos" al Tribunal Constitucional, y ha puntualizado que la Sindicatura Electoral se aprobó pocas horas antes de que venciera el plazo para presentar candidaturas.

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Según él, lo que se pretendió con esta tramitación fue que no se pudiera "atacar jurídicamente cualquier actuación de la Mesa y del Parlament", y que se pudiera celebrar el referéndum con una apariencia de ley, ha considerado.