El Gobierno, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados han formalizado una alianza para erradicar los asentamientos de inmigrantes en la provincia de Huelva, que desde hace décadas albergan a miles de personas en condiciones infrahumanas, con un horizonte a dos años.

Actualmente se estima que son entre 2.000 y 2.500 las personas que residen en estos poblados chabolistas, la mayoría subsaharianos, que recalan en Huelva buscando un trabajo que principalmente encuentran en el campo.

Lo hacen sin luz ni agua potable, ni las más mínimas condiciones de habitabilidad, bajo techos de plástico, madera y cartón que, no en pocas ocasiones, han sido pasto de las llamas dejando decenas de damnificados que lo han perdido todo, algunas veces incluso la vida.

Con un mandato de la Organización de las Naciones Unidas y después de décadas de denuncias por parte de colectivos sociales y de trabajo municipal para buscar unas soluciones que no terminaban de llegar, hoy se ha dado un paso para reconocer el problema y que llegue dicha resolución definitiva, según han indicado los alcaldes de Lepe y Moguer, Juan Manuel González y Gustavo Cuéllar, respectivamente.

Ambos son herederos de una situación que se remonta décadas atrás suscitada por la necesidad de estas personas de trabajar para poder vivir de la manera más digna posible.

Estos dos municipios tienen censadas a unas 700 personas residentes en infraviviendas, en el caso de Lepe; y en torno a 300-400 en Moguer, un municipio en el que desde 2012 se ha logrado reducir en más de un 70 por ciento esa cifra con actuaciones propias.

Ambos regidores han firmado un protocolo general de actuación con el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, y la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en funciones, Rocío Ruiz, en el que tienen cabida varios proyectos presentados para dar una solución habitacional a estas personas, que, inicialmente, pasan por la construcción de dos residencias.

Actuaciones de acogida temporal que, como ha explicado Santiago, es tan sólo una de las tres líneas de actuaciones de este protocolo, mediante el que se destinarán a la provincia de Huelva cinco millones de euros.

También recoge la puesta en marcha de sistemas para habitar en viviendas en núcleos urbanos con itinerarios de inserción laboral con los servicios sociales; y el diseño de un plan que partiendo de esta provincia pueda ser extrapolable como modelo a otras como Almería y Albacete o la región de Murcia.

Con este protocolo se busca erradicar "estos focos de pobreza y desigualdad" de cuyo mantenimiento en el tiempo "son responsables las administraciones, no el sector empresarial", según ha indicado, y afecta "a un porcentaje muy reducido" de los temporeros que anualmente trabajan en el campo onubense -entre 80.000 y 100.000- por lo que el problema "no es inmanejable".

"Con las inversiones que queremos realizar en estos dos años, a finales de 2023 podría estar solucionado, igual un poco más, pero no mucho más; desde el punto de vista de la Administración General del Estado esto no puede tardar en solucionarse mucho más, requiere una solución rápida y es posible", ha señalado.

Ruiz, por su parte, ha incidido en que el protocolo implicará, además, a las organizaciones del tercer sector, que son las que vienen trabajando con estas personas a pie de chabola.

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El protocolo firmado hoy está abierto al resto de municipios que en la provincia de Huelva cuentan con asentamientos, habiéndose iniciado ya conversaciones con los de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera para que presenten sus proyectos.