ERC y JxCat prevén en su acuerdo de gobierno aprobar un Plan de Reactivación Económica y Protección Social para luchar contra la crisis de la covid-19 nutrido con los fondos europeos, así como una revisión del modelo de orden público, y evitar por ley los desahucios de familias vulnerables.

Según indica el texto del acuerdo, por lo que respecta a las prioridades programáticas sectoriales, estas quedan vertebradas en tres ejes: garantizar el estado del bienestar y promover la cohesión social, defender la economía de la vida y garantizar la cohesión territorial e impulsar "el buen gobierno y la cohesión democrática.

ERC y JxCat prevén aprobar un Plan la Reactivación Económica y la Protección Social que se nutrirá básicamente de fondos europeos Next Generation, y que tiene que ser el eje central sobre el cual se construya "un modelo social más justo socialmente y sostenible ambientalmente".

En materia sanitaria, se prevé impulsar un pacto nacional de salud, con la participación de partidos, instituciones sanitarias, administraciones, organizaciones sociales y profesionales y la sociedad civil.

También se preconiza reforzar la atención primaria con un despliegue del plan específico ya existente y con una inversión global de casi 300 millones de euros en los próximos tres años, con el objetivo de llegar al 25 % del presupuesto de Salud.

Se prevé, también, acelerar el plan de vacunación mediante la contratación de 3.700 profesionales "para efectuar la vacunación masiva del país".

En materia de Interior, ERC y Junts proponen "revisar en comisión parlamentaria el modelo de orden público y el modelo policial" catalán, también se quiere hacer modificaciones legales para que la Generalitat "no participe en acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas".

Otra cuestión prevista en este capítulo es impulsar una nueva ley del sistema de seguridad pública, así como una nueva ley de emergencias.

Sobre el problema de la falta de vivienda a precios asequibles, el acuerdo prevé "evitar por ley los desahucios de las familias vulnerables" así como potenciar el alquiler social, y modificar el protocolo de "lanzamientos judiciales" en los casos de desahucios.

Por lo que respecta a la transición energética, se prevé el despliegue de la ley de cambio climático, un pacto nacional por la transición energética y un plan territorial de energías renovables desarrollado a partir de "un gran acuerdo nacional que dibuje el mapa de espacios adecuados para la implantación de los proyectos de energía eólica y fotovoltaica".

También se quiere modificar el decreto ley 16/2019 que prevé el impulso de los parques eólicos y fotovoltaicos y la no aprobación de ningún proyecto de alto impacto territorial. EFE