Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, ha recurrido al decisión de la Audiencia Nacional de extraditarla a Venezuela por delitos de blanqueo y malversación alegando que con su entrega se pone en "grave riesgo" su vida.

En un recurso de súplica ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Díaz Guillén recuerda que la petición de extradición por parte de Venezuela la hace un Estado sancionado por la UE. "Existen fundamentos sólidos que indican que el país requiriente (Venezuela) no respeta los derechos humanos", añade.

La justicia venezolana la reclama por presuntos delitos de blanqueo, asociación ilícita y malversación, en vista de que su nombre aparece en la investigación de los "papeles de Panamá" por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para "blindar" una fortuna no declarada, según la Fiscalía de Venezuela.

La defensa de la mujer destaca que la propia Audiencia Nacional reconoce en su auto accediendo a la entrega que en Venezuela "existe un clima de convulsión e inestabilidad político y social", una manera de describir la situación del país que para el abogado de Díaz Guillén es "un tanto optimista".

Y ello porque, dice, existen más de 6.000 asesinatos y más de 12.000 arrestos arbitrarios "atribuibles al gobierno de Nicolás Maduro" y países como Argentina, Francia y Alemania han pedido que la Corte Penal Internacional inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad basándose en varios informes de la ONU.

También menciona en su recurso las palabras del opositor venezolano Lorent Saleh, que fue encarcelado durante cuatro años en su país y reside ahora en España tras ser liberado, cuando relata las torturas de las que fue víctima y la manera de actuar del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) secuestrando y torturando a gente a cambio de un rescate.

"Estos son algunos de los datos reales de la situación de Venezuela que distan mucho de ser un clima de convulsión e inestabilidad político y social", afirma la defensa de la mujer, y añade que ella "es objeto de una constante persecución política, simplemente por el hecho de no acatar las directrices" de Maduro.

El tribunal de la sección tercera que aceptó la entrega afirmó que no se han probado las "motivaciones espurias" de Venezuela contra la mujer y, en este sentido, cree la defensa que "sería anecdótico" que ese o cualquier otro país "mostraran claramente motivaciones de carácter de persecución política".

Díaz Guillén fue arrestada en Madrid el pasado mes de abril junto a su marido, Adrián José Velásquez, que ejerció de jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, si bien su vista de extradición se celebrará el próximo día 16.

La defensa de ella sostiene en el escrito que al matrimonio "le han montado un expediente simulado, esto es bajo la apariencia de un delito común, escondiendo motivaciones espurias", dado el "modus operandi" del Sebin y en vista de que en la documentación que envió Venezuela pidiendo la extradición faltan "elementales datos, como hechos, fechas y cantidades" que se le imputan a la mujer.

Se alega asimismo que Venezuela no incluyó en su petición de extradición "ni una sola descripción", "ni un solo hecho" que respalde las acusaciones contra ella: "Tan solo se aporta el recorte de prensa sobre los 'Panamá Papers'".

"No se nos dice -insiste- qué hechos se le atribuyen a doña Claudia Patricia Díaz Guillén, no sabemos si está siendo perseguida por haber solicitado dádivas o recibido recompensas o por haber distraído fondos públicos".

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Cree su defensa que no existe el requisito de la doble incriminación (que el delito esté tipificado en ambos países) porque "en España no sería nunca posible un proceso penal basado en que el funcionario (en este caso Díaz Guillén) ha aumentado su patrimonio y no ha justificado el origen ilícito de tal incremento".

Alega que su labor de tesorera del régimen durante dos años como responsable del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), de donde fue cesada al mes de que falleciera Chavez, fue auditada por firmas internacionales como Deloitte, y niega tajantemente que haya tenido nunca sociedades o cuentas bancarias en Panamá.

"Haber ocupado los cargos que ocupó durante casi dos años no la convierte en una delincuente sin más. Deberíamos haber recibido un mínimo relato de las actividades u omisiones", sostiene el recurso, que recuerda que la investigación contra Díaz Guillén se abrió en 2016, tres años después de ser cesada.

Y tilda el proceso contra ella como "lleno de irregularidades, allanamientos en viviendas de los familiares, incautación de bienes y despojo, sin autorización judicial por parte de las autoridades gubernativas y de investigación".