El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el recurso de Minas de Aguas Teñidas (Matsa) contra la resolución de la agencia pública IDEA para que devolviera 11,8 millones concedidos por la Junta de Andalucía en concepto de incentivos a esta empresa en la que trabajaba la hija del expresidente andaluz Manuel Chaves.

En una sentencia del 26 de septiembre adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso Efe, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA rechaza el recurso de la empresa minera contra la resolución de IDEA, que consideraba arbitraria por falta de motivación y proporcionalidad.

La resolución de reintegro fue dictada por IDEA el 14 de noviembre de 2013 y confirmada el 2 de junio de 2014 tras desestimar el recurso de reposición presentado por Matsa, empresa en la que trabajaba la hija del expresidente de la Junta Manuel Chaves y que recibió incentivos en 2009 ratificados por un Consejo de Gobierno presidido por él.

IDEA ordenó la devolución de los incentivos tras un informe de la Intervención General de la Junta que indicaba que la empresa inició el proyecto incentivado -la construcción de una planta de tratamiento- antes de concurrir a la convocatoria de subvenciones, en 2008, algo no permitido en las bases reguladoras.

En su recurso a la resolución de reintegro, Matsa negó que la obra se hubiera iniciado y aportó imágenes, si bien el TSJA considera acreditado que los trabajos se iniciaron antes por las facturas presentadas e incluso imágenes aéreas del 8 de noviembre de 2007 publicadas en un diario local que "muestran el avanzado estado de ejecución de la planta de tratamiento".

Respecto a la supuesta prescripción por la fecha de inicio del expediente de reintegro, el alto tribunal señala que el plazo de prescripción comienza a correr cuando vence el plazo de justificación del incentivo y además se han producido actos que han interrumpido la prescripción.

El TSJA señala que es cierto que el informe de la Intervención de la Junta tiene 12 meses de caducidad desde su emisión a la petición de reintegro, pero considera que no se sobrepasaron si se restan 92 días de dilaciones imputables a Matsa al no aportar documentación requerida por la Junta.