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JUICIO VILLAREJO

Empresa acusada de contratar a Villarejo alega que todo fue a sus espaldas

Una representante del despacho de abogados Herrero&Asociados se ha desmarcado en el juicio del caso Tándem de la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para espiar a un bufete rival, y ha volcado toda la responsabilidad en varios exdirectivos, que pensaron "en su propio interés y beneficio".

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 15:16

Una representante del despacho de abogados Herrero&Asociados se ha desmarcado en el juicio del caso Tándem de la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para espiar a un bufete rival, y ha volcado toda la responsabilidad en varios exdirectivos, que pensaron "en su propio interés y beneficio".

La huelga de letrados de la administración de justicia convocada para este miércoles en busca de una subida salarial no ha impedido, a diferencia de otros señalamientos, la celebración de la decimosexta jornada del juicio a Villarejo y a otra treintena de acusados por tres presuntos encargos de espionaje.

Una jornada en la que la Audiencia Nacional ha cerrado la fase de interrogatorios a los acusados, con la declaración de los representantes de las empresas acusadas de contratar a la empresa de Villarejo, Cenyt, para esos proyectos que presuntamente implicaban hacerse con datos confidenciales de terceros.

Todos han negado haber conocido aquella contratación, pero la que lo ha hecho con más vehemencia ha sido la representante de Herrero&Asociados, que ha responsabilizado a varios exdirectivos, que, ha dicho, actuaron "por sí mismos" y "se molestaron" de que la empresa no lo supiera.

El proyecto para el que fue contratado Villarejo, denominado Iron, nació tras la salida del despacho en 2012 de varios miembros para fundar un nuevo bufete, Balder IP Law, llevándose consigo una "elevada cartera" de clientes, y consistía en acceder "ilícitamente" a datos reservados de esta nueva firma para nutrir una denuncia que después el excomisario se encargaría de impulsar valiéndose de sus contactos, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía.

Pero, según ha recalcado la actual responsable de asesoría jurídica de la mercantil, "esa contratación no la hace Herrero" y, más allá de beneficiarla, la ha perjudicado, con un coste de más de 300.000 euros por el encargo, "una pena de banquillo, daño reputacional y el estrés" que ha dejado en los empleados.

Ha admitido no obstante que supieron que se presentó una denuncia contra Balder, si bien ha defendido que en ella "no hay absolutamente nada legal ni ilícito".

Tras ella, han declarado los dos representantes de las tres empresas en las que se dividió Procisa, acusada, junto a su presidenta Susana García Cereceda, de contratar a Villarejo en medio de un conflicto familiar por la herencia del promotor de la urbanización La Finca, Luis García Cereceda.

Ambos han negado estar al tanto de la contratación y, como la trabajadora de Herrero&Asociados, han defendido los sistemas de cumplimiento normativo que se implantaron en la empresa años después y que, han dicho, impedirían una contratación como la que ha sentado en el banquillo a las mercantiles. EFE

mms/fg

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