Cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer responder al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, no solo consumó el primer enfrentamiento institucional del nuevo Gabinete, sino que refrescó en la memoria de muchos una historia de desencuentros entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

Una historia que se remonta a Felipe González, José María Aznar (bien es cierto que cuando estaba en la oposición) y que incluye a ministros como José Luis Corcuera, Mariano Fernández Bermejo o Juan Fernando López Aguilar hasta llegar al penúltimo tirón de orejas a un miembro del Gobierno, el que se dio al ministro Rafael Catalá por sus críticas a uno de los jueces del caso de La Manada.

Con independencia de los enfrentamientos entre los gobiernos y los fiscales, las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la cúpula del Poder Judicial se han manifestado de distintas maneras y con distintos niveles de intensidad, tal vez nunca tan elevados como en las etapas de Corcuera y Fernández Bermejo.

Porque a Corcuera, ministro del Interior con Felipe González, no le gustaron las críticas de los jueces a la ley de seguridad ciudadana que se popularizó con su apellido y se desmarcó con unas declaraciones sobre el "poco respeto" que le merecían algunos jueces, que resonaron en todos los despachos de la judicatura.

El presidente del Poder Judicial, el progresista Pascual Sala, lideró una respuesta que incluyó una exigencia de respeto a la Justicia y una advertencia del "error muy grave" de presentar a jueces y magistrados "como obstáculos para la paz civil y la represión de la delincuencia".

Una respuesta que aludía directamente al jefe del Ejecutivo, dado que González había respaldado a Corcuera, pese a considerar "desafortunada" la expresión utilizada, pero también al entonces jefe de la oposición, José María Aznar, que recientemente había relacionado su citación como testigo en el caso de la construcción de Burgos con la influencia del PSOE en los jueces.

Poco después, en 1993, Corcuera desató una nueva tormenta cuando criticó el permiso penitenciario concedido a Antonio Anglés antes de que cometiera el triple crimen de Alcasser.

"Los experimentos se hacen en casa y con gaseosa", dijo el ministro. "Hay un problema de respeto a la función judicial", respondió Pascual Sala.

La polémica salpicó al entonces responsable de Justicia, Tomás Quadra-Salcedo, y prueba de la temperatura alcanzada es que Javier Gómez de Liaño, entonces adjunto a la Presidencia del CGPJ, los acusó de "inmoralidad".

Fue la última polémica de aquel ministro del Interior con los jueces, porque ese mismo año dimitió cuando el Constitucional tumbó parte de la precisamente llamada ley Corcuera.

Menos llamativos pero con mucha carga de profundidad fueron los desencuentros entre el CGPJ y el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que afectaron a leyes como la de violencia doméstica o el matrimonio homosexual.

El listón de Corcuera lo rozó Mariano Fernández Bermejo, fiscal fichado en 2007 por Zapatero como ministro de Justicia, quien tomó posesión con una declaración de intenciones. Reclamó con urgencia la renovación del CGPJ para que "recupere la legitimidad de la que hoy carece".

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La respuesta del órgano de gobierno del Poder Judicial, que como ocurre ahora había cumplido su mandato sin que se hubiera renovado, fue criticar esa "desafortunada" frase, pedir prudencia y defender su legitimidad. Lo hizo su portavoz, Enrique López, actual responsable de Justicia del PP.

Cuando finalmente fue renovado el Consejo, Fernández Bermejo volvió a la carga por la decisión disciplinaria contra el juez Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

La sanción de 1.500 euros al juez motivó las críticas del ministro, que incluso planteó la posibilidad de reformar el régimen disciplinario de los jueces para evitar casos similares.

Por otras razones (sus planes para modernizar la Justicia), Bermejo sufrió la primera huelga de jueces de la historia, algo a lo que más tarde les ocurrió a Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Dolores Delgado.

Con su sucesor, Francisco Caamaño, se rebajó el nivel de tensión, pero aun así el CGPJ se revolvió contra las declaraciones de diferentes responsables del Ejecutivo, incluido su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, destacando los méritos de Baltasar Garzón en la lucha contra ETA.

Dado que Garzón estaba siendo investigado por el Supremo, esas palabras se interpretaron como una injerencia, y el Poder Judicial reclamó en una declaración institucional el "máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles".

Cambió el Ejecutivo y al tiempo volvieron los encontronazos. Ahora a cuenta de la excarcelación de Santi Potros y Alberto Plazaola y las críticas que vertieron contra esa decisión la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

La Comisión Permanente del Consejo salió de nuevo al paso de la "independencia, imparcialidad y responsabilidad" de los jueces, aunque finalmente el órgano de gobierno no concedió amparo a los magistrados de la Audiencia Nacional que lo habían solicitado pese a considerar "un exceso no justificado" las críticas.

Catalá recibió otro toque de atención años después, cuando cuestionó al magistrado que emitió un voto particular en la sentencia de La Manada y planteó que tenía "algún problema singular" y que el CGPJ debió actuar preventivamente contra él.

El órgano de gobierno de los jueces salió al paso con un comunicado en el que pidió "moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad".

Ahora ha sido Iglesias el que, en su primera semana como vicepresidente, ha recibido esa llamada a la "mesura" tras afirmar que los tribunales europeos han "humillado" a los españoles en el caso del "procés".