Los economistas Luis Caramés y Amelia Díaz han recomendado a los ayuntamientos que tengan "una visión más global, cooperativa y supramunicipal" para poder obtener fondos europeos Next Generation, con la presentación de proyectos conjuntos, en especial sobre conectividad y digitalización.

"La cogobernanza tiene que ser tanto vertical como horizontal", ha resumido Caramés durante una rueda de prensa telemática este jueves organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), en la que su colega Díaz ha instado a los ayuntamientos a "trabajar conjuntamente" para las solicitudes de fondos europeos.

Díaz ha indicado que hay corporaciones locales que están haciendo "la cuenta de la lechera" sobre un reparto de fondos aún no establecido, antes incluso de enviar proyectos que puedan ser aceptados por el Gobierno español y la Comisión Europea.

En ese sentido, y tras considerar lógica la tensión que viven las entidades locales "ante la promesa del maná", Caramés ha lamentado que haya alcaldes que piensen en destinos concretos para los fondos, por ejemplo reparaciones de infraestructuras, pues confían en una "porosidad" en el reparto, pero, ha advertido, obvian las reglas de los Next Generation.

Así, ha incidido en que los proyectos deben estar basados en los ejes impuestos por Bruselas, como las transiciones ecológica y digital, y ha aconsejado que tendrán más probabilidad de éxito los que presenten de forma conjunta varios ayuntamientos.

El presidente del CGE, Valentín Pich, ha apuntado a la necesidad de reformas en el sector administrativo, porque la gestión eficiente de los servicios públicos municipales reverdecerá cuando pase la coyuntura en la que "lo ortodoxo es gastar".

Pich ha puesto como ejemplo el mantenimiento de piscinas municipales -con las que cuentan 3.585 de los 6.808 municipios con menos de 5.000 habitantes-, con gran coste económico y ecológico, cuando podrían ser compartidas por varios municipios con paralelas ayudas al transporte.

Caramés y Díaz han presentado un estudio sobre el impacto de la covid en los municipios, del que han resaltado que en los menores de 5.000 habitantes -que son el 84 % del total, con el 12 % de la población- casi tres de cada diez euros se destinan a actuaciones ordinarias administrativas de carácter general, un gasto que incluso supera al de los servicios básicos, que incluye movilidad, seguridad y urbanismo.

Han dado valor a la labor de las diputaciones provinciales para reducir esa partida de gastos generales, así como a la cooperación entre ayuntamientos para asuntos concretos de gestión.

La fusión de municipios, a juicio de Caramés, supone resolver de forma simple una situación compleja, por lo que recomienda una previa cooperación en ámbitos específicos (mancomunidades).

En cualquier caso, en su opinión, las fusiones se han de fomentar con incentivos (ayudas a la deuda o inversiones) más que por penalizaciones.

Otro economista del CGE, Emilio Álvarez, ha lamentado el sambenito del clientelismo con el que cargan las diputaciones y ha indicado que por primera vez en España el sector público ha alcanzado el 51 % del pib, con lo que ya gana en tamaño al sector privado.

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En cuanto a las remunicipalizaciones (pasar de gestión privada a pública de agua, energía u otros servicios), Díaz ha informado de que se dieron más de un centenar en España en la última década (debido a "los ayuntamientos del cambio", el auge de agrupaciones electorales de izquierda) y fue uno de los países en los que más, aunque le superan en esa tendencia Estados Unidos y Alemania.

"Desde el punto de vista de la eficiencia, no está demostrado que lo sea más la gestión pública que la privada; podemos encontrar ejemplos en los dos sentidos sin ningún problema, habría que analizar para cada caso", ha opinado Díaz, quien ha indicado también que solo 15 municipios en España tienen las ventajas administrativas de ser considerados turísticos, en base a baremos legales, aunque, cree, otros tantos también podrían merecerlo.