Josep Fusté

A 1.556 kilómetros de la autoproclamada "Casa de la República" de Waterloo, los exconsellers de Carles Puigdemont juzgados han ofrecido alegatos exculpatorios ante el Supremo que enfrían el relato más épico del "procés": el 1-O fue una argucia para negociar y la DUI ni se votó ni tuvo valor jurídico.

Con estrategias no siempre coincidentes y con distintos acentos y matices, los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa han roto el silencio forzado por su prisión preventiva de más de un año y, junto a sus excompañeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, que están en libertad, han aportado una versión muy divergente de la oficial sobre los hitos clave del "procés":

- LA PROMESA DE LOS 18 MESES:

Tras las elecciones "plebiscitarias" del 27S de 2015, en que JxSí y la CUP concurrieron con un programa independentista que no fue ni impugnado ni invalidado por nadie, el Govern de Puigdemont inició su andadura con una "presión muy fuerte" para que optara por iniciativas "nítidamente unilaterales", según Santi Vila.

"Éramos Juntos para el Sí a la independencia... lo sabía todo el mundo", rememoró Turull, que se escudó en que tenían amparo legal.

No obstante, del programa electoral de JxSí, que prometía la independencia en 18 meses -periodo inspirado en el tiempo que tardaron el Reino Unido y Escocia en pactar el referéndum-, "prácticamente no se cumplió nada", en palabras de Dolors Bassa, que fue tajante: "Siempre se planteó la independencia como algo pactado, con acuerdo. Y la prueba es que estamos aquí y que no hay independencia".

- "REFERÉNDUM O REFERÉNDUM":

Acuciado por las presiones de la CUP y de los sectores más duros del independentismo, Puigdemont se sacó de la chistera a los pocos meses de estar en el Govern una "argucia" que sorprendió incluso a sus propias filas, ya que no figuraba en el programa electoral: convocar un referéndum, según el relato de varios encausados.

Su célebre promesa, "referéndum o referéndum", buscaba forzar un acuerdo: "Se apostó por el referéndum, no por la vía unilateral. La propuesta del referéndum buscaba el pacto con el Estado", puntualizó Turull.

- LA LEY DEL REFERÉNDUM:

Horas después de que el Parlament aprobara la Ley del Referéndum en el tempestuoso pleno del 6 de septiembre, todos los consellers se apresuraron a firmar solemnemente el decreto para convocar el 1-O como un "gesto o símbolo" de su compromiso frente al "mandato" de la cámara.

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Sin embargo, cuando el Constitucional suspendió la ley, los exconsellers de Puigdemont alegan que el Govern no materializó ningún acto más, acató la suspensión de la Sindicatura Electoral y no destinó ni un euro al 1-O, aunque no lo paralizaron porque, según sostienen, el Congreso había despenalizado la convocatoria de este tipo de consultas y estaban convencidos de que no cometían ningún delito.

- LA LEY DE TRANSITORIEDAD JURÍDICA

Diseñaba el salto la autonomía catalana a la República porque, según Bassa, querían tener "algo preparado" por si finalmente se alcanzaba un pacto para celebrar el referéndum. Pero algunos miembros del Govern disentían de ella, especialmente Santi Vila, que argumenta que era "muy disparatada" y que "ni un alumno de primero de derecho la habría asumido".

- EL 1-O

La única violencia que hubo el 1-O fue la de la Policía y la Guardia Civil, según los exconsellers, que se han desvinculado de los preparativos clave sobre el referéndum: ninguno de ellos sabe de dónde salieron las urnas ni la papeletas ni quién diseñó el censo universal. Coinciden en que el Govern no gastó ni un euro en la consulta y sugieren que lo sufragaron mecenas catalanistas.

Alegan que su objetivo era que el referéndum fuera pactado; insisten, como Junqueras, que votar no es delito, y en cambio, impedirlo por la fuerza, sí; y apuntan a que el Gobierno podría haber "desnaturalizado" el resultado sin recurrir a la policía. Vila fue el más gráfico: cuando el Constitucional suspendió la ley del Referéndum, el 1-O "muta claramente" a una "movilización política".

No fue un "acto concluyente, y menos para la independencia", zanjó Bassa.

- DE ELECCIONES... A LA DUI

Vilipendiado por el independentismo, Santi Vila se explayó ante el Tribunal para poner luz a las horas decisivas: Puigdemont le encargó que hiciera de puente con Madrid y consiguió un acuerdo para que el presidente descartara la DUI y optara por las elecciones. Pero la presión en la calle y en las redes sociales, que acusaron a Puigdemont de traidor, lo "torcieron" y abocaron a la declaración de independencia del Parlament.

- LA DUI

Menos Oriol Junqueras, que al sortear al fiscal no se posicionó sobre el momento cumbre para el independentismo -aunque insistió, al igual que Romeva, que buscaba en una solución "multilateral", dialogada y no violenta- los exconsellers de Puigdemont han rebajado la DUI del 27 de octubre a una mera declaración simbólica, una "expresión política", sin valor jurídico.

La DUI era simplemente una resolución -que no obliga a nada, solo insta al Govern a adoptar medidas-, y, aunque en el pleno se leyó la parte expositiva -que contenía la declaración de independencia-, sólo se votó la dispositiva, que tampoco se publicó ni en el Diario Oficial de la Generalitat ni en el Boletín Oficial del Parlament, ni se comunicó a ninguna cancillería.

"Es la expresión de una voluntad política", dijo Turull. "Una declaración política que nos daba un mandato que teníamos que gestionar con una negociación multilateral", terció Romeva.

Rull la ve como una "declaración política, formal, solemne...una declaración de voluntad política", Borràs sostiene que fue como un preámbulo de una ley, que "no obliga a nada ni establece nada y que no tenía consecuencias jurídica" y Bassa le quita trascendencia: "fue un acto político, pacífico, no hubo nada más".

- ¿Y DESPUÉS DE LA DUI?

El más claro ante el tribunal fue Rull, que aseguró que no querían salirse del ámbito de "expresión estrictamente político, democrático y pacífico", por lo que actuaron en consecuencia y no siguieron adelante. "No se hizo nada", concluyó Bassa.