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CONSTITUCIÓN ANIVERSARIO (Serie Previa)

Dos reformas "obligadas" y algunos intentos frustrados

Aunque todos los partidos han defendido con más o menos ahínco y profundidad la reforma de la Constitución, cuatro décadas después sigue casi inalterada y con solo dos retoques introducidos en 1992 y 2011, ambos obligados por 'mandato exterior', y que no requirieron el visto bueno de los ciudadanos en referéndum.,El primer cambio, aprobado por unanimidad, adaptó la Carta Magna al Tratado de Maastricht con tan solo dos palabras -"y pasivo"- para permitir qu

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 12:04

Carlos Pérez Gil.

Aunque todos los partidos han defendido con más o menos ahínco y profundidad la reforma de la Constitución, cuatro décadas después sigue casi inalterada y con solo dos retoques introducidos en 1992 y 2011, ambos obligados por 'mandato exterior', y que no requirieron el visto bueno de los ciudadanos en referéndum.

El primer cambio, aprobado por unanimidad, adaptó la Carta Magna al Tratado de Maastricht con tan solo dos palabras -"y pasivo"- para permitir que ciudadanos de países de la UE residentes en España pudieran ser alcaldes y concejales.

Tuvieron que pasar 19 años para que se volviera a tocar la norma troncal del Estado con el fin de consagrar el principio de estabilidad presupuestaria y de reducción del déficit, algo para lo que ya no fue posible un respaldo masivo al ser visto por los detractores como una cesión a las imposiciones de la UE para sanear las cuentas.

El artículo 135 tenía originalmente dos apartados y la modificación, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y avalada por PP, PSOE y UPN, los amplió a seis.

La reforma de 2011 suscitó mucho más polémica, no solo por su contenido, sino por el momento -finales de agosto- y la rapidez con la que se tramitó: en apenas dos semanas y también por el cauce sencillo de mayoría de tres quintas partes de cada una de las Cámaras.

Incluso en las filas socialistas, la operación se vio con recelo y dio pie a que tres años después, Pedro Sánchez, en su primera etapa como líder del partido, 'renegara' de la reforma de Rodríguez Zapatero.

Si los dos cambios habidos hasta ahora se cuantifican en número de palabras, el texto actual tiene 344 palabras más que el de 1978, un bagaje escaso si se compara con las ocasiones en las que se ha cambiado la constitución en Alemania (60), Irlanda (27) o Francia (24).

Ni la alternancia en el Gobierno entre PSOE y PP, ni la crisis económica, ni la evolución social, ni el problema territorial, en especial en Cataluña, han sido motivos suficientes para abordar una reforma en profundidad que se sigue resistiendo al paso del tiempo.

Algunos conatos ha habido, aunque todos se quedaron en el camino, a la espera de lo que ocurra con la iniciativa del actual Gobierno de eliminar buena parte de los aforamientos.

La intentona más ambiciosa fue la que acometió José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, cuando recurrió al Consejo de Estado para conocer su postura sobre cuatro modificaciones concretas: la definición de las Comunidades Autónomas, la reforma del Senado, la sucesión a la Corona y la Constitución Europea.

Un año después, el máximo órgano asesor del Gobierno emitía un informe que avalaba la reforma limitada, con un voto particular en contra, el del expresidente del Gobierno José María Aznar.

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A pesar de haber un amplio consenso en suprimir la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, el derrumbe de la Constitución Europea y las discrepancias sobre los otros puntos frustraron el plan de Rodríguez Zapatero, que hubiera requerido el procedimiento de reforma más complejo: disolución de las Cortes y convocatoria de un referéndum.

Al fracaso también contribuyó la crispación que generó la reforma del Estatut de Cataluña y que agrandó la brecha ya existente entre el PSOE y el PP, dirigido entonces por Mariano Rajoy.

Tampoco fructificó el intento de modificar la Constitución que empezó a debatirse en el Senado en noviembre de 1994, en la recta final del mandato de Felipe González, para convertir a esa institución en una cámara de representación territorial.

Las elecciones de 1996 que ganó Aznar interrumpieron la ponencia de estudio, que se reanudó en la nueva legislatura. Pero en junio de 1998, lo que pactaron los grupos fue su certificado de defunción sin ningún resultado concreto.

Durante la segunda etapa de gobierno de Aznar, el PP fue inflexible en su rechazo a abordar cualquier cambio basado en "ocurrencias", por lo que no se formalizó ninguna iniciativa.

Solo el entonces presidente de la Xunta de Galicia y 'padre' de la Carta Magna, Manuel Fraga, se mostró partidario de acometer una puesta al día del texto, en especial, en lo relativo al Senado.

Aunque todos los partidos, también los nuevos, Podemos y Ciudadanos, y los nacionalistas, han defendido en algún momento la necesidad de actualizar la Ley Fundamental, las divergencias sobre qué dirección tomar lo han hecho inviable.

En puertas del 40 aniversario de la Constitución, Sánchez ha lanzado una nueva oferta, aunque solo para suprimir la mayoría de los aforamientos de políticos, previo informe del Consejo de Estado que aún está en fase de redacción.

Después de haber defendido en la oposición la conveniencia de actualizar a fondo lo aprobado en 1978 y apostar por un modelo federal, al llegar a Moncloa, Sánchez ha optado por un reforma de mínimos para recabar el consenso de los grupos y hacerla por la vía exprés.

Sin embargo, antes de nacer, el proyecto está, una vez más, lleno de nubarrones.

El PP ve la iniciativa una "cortina de humo" para facilitar que los "golpistas" catalanes "escapen" del Tribunal Supremo, mientras que Podemos reclama que si hay reforma, venga acompañada de un referéndum que incluya la opción monarquía o república.

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