CASO 3 %

Dos nuevos empresarios declaran el miércoles ante el juez del caso 3 %

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata interroga este miércoles a dos directivos del Grupo Ortiz, incluido su presidente, Juan Antonio Carpintero, en relación con la adjudicación presuntamente irregular de la ampliación de un colegio público en Sabadell (Barcelona).

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 10:45

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata interroga este miércoles a dos directivos del Grupo Ortiz, incluido su presidente, Juan Antonio Carpintero, en relación con la adjudicación presuntamente irregular de la ampliación de un colegio público en Sabadell (Barcelona).

De la Mata atribuye a este empresario y al vicepresidente de Impulsa Grupo Ortiz, Emilio Carpintero, varios delitos, entre ellos cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo.

Ambos tendrán que declarar en relación al contrato de ampliación del colegio público La Trama, en Sabadell, que, según las sospechas del juez, se adjudicó al grupo a cambio de donaciones encubiertas a Catdem y Forum Barcelona, fundaciones ligadas a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

La UTE Impulsa Grupo Ortiz con Ortiz Construcciones y Proyecto se presentó al concurso, en el que partía del puesto vigésimo quinto y, sin embargo, terminó en primera posición al incrementar en 10 puntos la valoración técnica, una circunstancia que podría responder, según el auto del juez, "al objetivo de provocar una adjudicación concreta".

Además, De la Mata identifica varias donaciones a Catdem y Forum Barcelona por parte de cuatro mercantiles participadas por Ortiz Construcciones y Proyectos, efectuadas poco antes a la adjudicación del concurso, siempre los mismos días.

Los ingresos realizados tienen lugar de febrero a mayo de 2010 y ascienden a 90.000 euros en el caso de Asteisa Tratamiento de Aguas, Construcciones Icma Proakis y Elecor, mientras que Impulsa Grup Ortiz llegó a pagar 130.000 euros.

Esta última filial estuvo presidida desde 2012 a 2016 por el exconseller de Educación con Jordi Pujol Joan Maria Pujals (antes fue apoderado), a quien el juez sitúa en "reiteradas" reuniones desde 2011 a 2013 con el extesorero de CDC y también investigado en la causa Andreu Viloca.

Según el auto de citación, fue este exconseller quien atribuyó a Juan Antonio Carpintero y a Emilio Carpintero "la toma de decisiones" sobre las citadas donaciones, y señaló que las habían tomado "de modo personal y exclusivo" y que él solo cumplió órdenes.

El pasado 27 de julio De la Mata acordó ampliar la investigación a CDC y al PDeCAT (al considerarle un "mero continuador"), como personas jurídicas, por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En esta causa, el juez investiga una trama en la que altos cargos de CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios, pusieron en marcha "una estructura para financiar ilegalmente el partido" mediante "donaciones" a fundaciones afines efectuadas por "múltiples mercantiles" a cambio de adjudicaciones públicas.

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