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Dos años de cárcel a un exedil por cambiar el plan de urbanismo de Valladolid

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años de cárcel al exconcejal de Urbanismo de Valladolid José Antonio García de Coca (PP) por irregularidades en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003.,La sentencia también condena al que fuera responsable del área de Urbanismo del ayuntamiento Modesto Mezquita y al excoordinador del mismo área Luis Álvarez Aller, a un año y tres meses de prisión en cada caso, por prevaricación y fals

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:11

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años de cárcel al exconcejal de Urbanismo de Valladolid José Antonio García de Coca (PP) por irregularidades en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003.

La sentencia también condena al que fuera responsable del área de Urbanismo del ayuntamiento Modesto Mezquita y al excoordinador del mismo área Luis Álvarez Aller, a un año y tres meses de prisión en cada caso, por prevaricación y falsedad en documento oficial, han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La resolución en concreto impone a García de Coca dos años de cárcel y dos años de inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación y un año y nueve meses de inhabilitación por un delito contra el patrimonio artístico.

El tribunal ha apreciado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y ha absuelto a los tres procesados del delito de tráfico de influencias del que también habían sido acusados.

El juicio concluyó el pasado 29 de octubre en la Audiencia vallisoletana, donde fue absuelto en la Sala de vistas el exjefe de Planeamiento del consistorio José Luis Cerezo, después de que la fiscal retirase la acusación contra él en el juicio.

Con anterioridad, a principios del pasado octubre, la Audiencia declaró prescritos los delitos atribuidos a una decena de personas que iban a ser juzgadas por las supuesta manipulaciones en el PGOU de hace dieciséis años.

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