La Policía Nacional ha detenido a doce personas que formaban parte de una organización criminal dedicada a explotar laboralmente como empleadas del hogar en España a mujeres de Nicaragua, y en la operación, que se da por concluida, se ha liberado a ocho personas.

A las víctimas les entregaban un billete de avión destino París y desde allí a Bilbao, así como mil euros para el cruce de la frontera con el fin de garantizar su entrada como turistas, cantidad que después les era retirada a su llegada a la ciudad vasca, según ha informado la Policía.

Una vez en España, eran transportadas a Sevilla y las alojaban en la barriada marginal de las Tres Mil Viviendas, donde compartían piso con otras víctimas y pagaban hasta 150 euros mensuales.

En algunas ocasiones, los fines de semana que las mujeres libraban compartían las habitaciones con hasta quince chicas.

La operación, denominada Nicarama, es la continuación de las detenciones practicadas en diciembre del año pasado, cuando agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) III de Sevilla descubrieron la existencia de una organización criminal que captaba a mujeres en Nicaragua.

Las mujeres llegaban a España bajo la promesa conseguir un trabajo digno como empleadas de hogar internas, explica la Policía, que ha culminado la operación tras la detención de cinco personas en la segunda fase.

Entre los detenidos se encuentran personas encargadas de facilitar alojamiento, trabajo así como el control de las víctimas, a los que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a grupo criminal.

La organización, aprovechándose de las necesidades económicas de las mujeres, eran obligadas a firmar un contrato en el que la organización se quedaba con las viviendas de las víctimas e incluso la de sus familiares en su país de origen si no saldaban la deuda adquirida, y a veces incluso les retiraban las escrituras de las casas.

Una vez seleccionadas para trabajar como internas en algún domicilio, tenían que abonar 500 euros para ir saldando la deuda, y a pesar de estar internas, tenían que seguir abonando mensualmente el alquiler de la cama donde pernoctaban en las viviendas, según la Policía.

La organización también cobraba por la puesta de anuncios en internet para conseguir empleos, por las entrevistas de trabajo, así como por los traslados de un lugar a otro.

La Policía finalizó la primera fase en diciembre del año pasado con la liberación de siete víctimas, que denunciaron estos hechos en la comisaría, y detuvieron a siete personas, dos de las cuales ingresaron en prisión.

La continuación de las investigaciones por el Grupo III de la Ucrif de Sevilla permitió conocer la existencia de una nueva víctima que logró escapar del control de la organización, lo que dio lugar a investigaciones complementarias.

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Ese trabajo ha finalizado con la detención de otras cinco personas y la toma de declaración de otra más que todavía permanecía en prisión desde que concluyó la primera fase de la operación.

Además, los agentes registraron dos domicilios en Irún y Sevilla, donde intervinieron diversa documentación, dispositivos informáticos y terminales móviles. EFE