Los líderes políticos del procés han sido condenados este viernes a máximos de 13 años de prisión, como es el caso de Oriol Junqueras o 9 años de cárcel a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, todos ellos por delito de sedición. Y es que la sentencia del Tribunal Supremo que ha juzgado la causa no estima que la violencia jugara un papel crucial durante el 1-O y la DUI para condenar a los presos por delitos de rebelión. Una sentencia que, de haber sido ese el caso, podría haber alcanzado penas de hasta 25 años.

Era 1995 y la guerra contra ETA se recrudecía a la vez que el nacionalismo autonómico se concentraba casi exclusivamente en el País Vasco. Durante todo el ejercicio se acometieron diferentes iniciativas para que a la postre sería una de las grandes reformas del Código Penal.

En el mes de junio, el diputado del PNV, Emilio Olabarría, introdujo en el debate la posibilidad de eliminar el concepto de violencia como requerimiento para las penas de rebelión, en aquel momento recogido en el Artículo 451. La intención era la de evitar que la “defensa de la independencia” se castigase “como apología de la rebelión”.

El objetivo era, simplemente, crear una barrera de seguridad para defender la tesis de la independencia en el País Vasco a través de mitines políticos y que no pudieran ser procesados por ello. La enmienda que incluiría la noción de “violencia”, sin embargo, la presentó el diputado de Izquierda Unida, Diego López Garrido, que a la postre sería portavoz del PSOE en el Congreso y secretario de Estado para la Unión Europea con Zapatero.

El Artículo 451 recogía: “los que se alzaren públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, exclusivamente. Los propios socialistas eran reticentes a introducir la enmienda en la reforma. El por entonces diputado socialista, José María Mohedano criticaba que la rebelión no “castigaba a quienes quieran independizarse, sino a quienes se alcen con armas para ello, del mismo modo que reformar la Constitución por cauces legales no es rebelión”. Sin embargo, la enmienda contaba con el respaldo de IU, CíU, PNV, CC y hasta el Partido Popular.

Finalmente, en el mes de noviembre quedaría aprobada la reforma del Código Penal de la mano del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Con 200 votos a favor, el exministro catalogó el resultado de “triunfo” y fue, casualmente, el PP el que se abstuvo airadamente contrariado con la reforma.