La Guardia Civil ha detenido a una pareja de sofisticados estafadores asentados en el municipio madrileño de Camarma de Esteruelas, que han obtenido más de 637.000 euros de 23 personas haciéndoles creer que vendían inmuebles procedentes de subastas públicas.

La investigación empezó en julio pasado, tras la denuncia de un ciudadano por haber sido víctima de cinco estafas que ascendían a 132.500 euros en concepto de señales para la compra de cinco viviendas.

La pareja detenida, de nacionalidad española, tiene un amplio historial delictivo por causas similares, y estaban perseguidos por dos juzgados de la provincia de Málaga.

El 'modus operandi' siempre era el mismo y giraba en torno a la adquisición de bienes inmuebles procedentes de subastas de distintas administraciones públicas a un precio muy inferior al del mercado, por lo que su adquisición era muy atractiva para las víctimas.

Para dar más credibilidad al entramado llegaron a falsificar documentos de entes públicos como del Consejo General del Poder Judicial y de Correos y Telégrafos de España.

Los ahora detenidos, un hombre y una mujer, se adornaban de un perfil personal y profesional de éxito para generar confianza, creaban y daban de alta dominios web con la apariencia de veracidad, llegando incluso a regalar teléfonos de alta gama a sus víctimas.

A continuación se celebraba el contrato y se pagaba una cantidad en concepto de reserva y señal, utilizando para ello documentos públicos falsificados y pólizas de seguros igualmente falsas.

La pareja vivía de forma aislada en un lujoso chalet que tenían alquilado en Camarma de Esteruelas y eran extremadamente cuidadosos con los desplazamientos que hacían.

En un registro en su domicilio, se intervino diversa documentación y dispositivos electrónicos relacionados con la investigación, así como 2.685 euros en moneda fraccionada, dos relojes de alta gama, varios terminales telefónicos y televisores.

Los detenidos son C.A.P. y A.M.M.A., hombre y mujer, españoles de 47 y 48 años, con antecedentes por delitos relacionados contra el patrimonio y a quienes por estos hechos se les imputan delitos de estafa, falsificación de documento público y mercantil.

Tras ser puestos a disposición judicial, se decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre, que era el cabecilla de la trama.