Una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) ha sido detenida acusada de haber cometido 19 delitos de cohecho pasivo en la última década por presuntamente apropiarse de forma indebida de unos 40.000 euros procedentes de subvenciones locales y de dinero de empresarios a cambio de obtener la contratación en eventos.

Según un comunicado de la Guardia Civil, la funcionaria que trabajaba en el Consistorio desde hace dos décadas y que se encontraba en situación de baja médica desde hacía unos meses ya ha sido retirada de sus funciones.

En el momento de su arresto, los agentes supieron que estaba reclamada por un juzgado de Murcia por un presunto delito de estafa cometido contra un prestamista de la Región.

Además, dos directivos de sendas empresas, una con sede en Cox (Alicante) y otra en Molina de Segura (Murcia), ambos de 58 años, han sido investigados por supuestos delitos de cohecho activo al haber realizado presuntamente "numerosos ingresos" en "la cuenta privada de la funcionaria a cambio de obtener la contratación de sus empresas en los eventos organizados por el Ayuntamiento", según la misma fuente.

El instituto armado comenzó las averiguaciones tras tener conocimiento de que, a finales del año 2020, una funcionaria que trabajaba en una de las concejalías del Ayuntamiento de Santa Pola podría haberse apropiado de forma indebida y aprovechándose de su cargo de parte de una subvención concedida a una asociación local.

El propio Ayuntamiento, que era el que abonaba la subvención, promovió el inicio de las investigaciones, después de recibir una queja de una empresa y un particular sobre la subvención.

Una de las funciones de la presunta autora era la de informar de las solicitudes de autorización presentadas ante el consistorio por empresarios para realizar determinado tipo de actividades en la localidad.

Según los investigadores, ésta les pedía presuntamente a los empresarios interesados en conseguir esas autorizaciones dinero a cambio de informar positivamente de sus peticiones.

Las cantidades reclamadas oscilaban entre los 500 y los 2.500 euros, en función del beneficio que iba a lograr la empresa solicitante con la actividad realizada, en caso de obtener la pertinente autorización.

"Por otro lado, falseando documentación, contratos o, incluso, si era necesario, la firma de los beneficiarios, en ocasiones, la presunta autora se quedaba con parte o con todo el dinero de algunas de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento a distintas asociaciones", afirma la nota de prensa.

A principios del pasado mes de diciembre fue detenida la funcionaria por presuntamente haber cometido diecinueve delitos de cohecho pasivo. También se le imputan dos delitos de falsificación de documentos, otro de apropiación indebida de cantidades económicas y un delito de usurpación.

Las diligencias han sido puestas ante el Juzgado de Instrucción de Elche (Alicante) y los presuntos autores permanecen en libertad con cargos, según la Guardia Civil.