La Policía y la Seguridad Social han destapado una trama de empresas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura a las que acusan de haber eludido el pago de 17,26 millones de euros en cotizaciones sociales, en una operación en la que se han formulado denuncias contra 46 personas.

Según informa la Policía, las empresas involucradas en este presunto fraude trabajaban en sectores como la hostelería, la comercialización textil, el comercio al por mayor de pescado, los servicios inmobiliarios, las construcción y las reformas.

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2019, tras recibir varias comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en las que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones presuntamente irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago de cotizaciones.

Estas sociedades se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde, en el caso de Gran Canaria; Arrecife, en Lanzarote; y Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

La Policía asegura que los empresarios de las empresas investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, lo que elevaba su margen de beneficio a costa de un perjuicio a la Seguridad Social, "llegando también a permitir el cobro fraudulento de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal".

Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal han determinado la participación en este entramado de 46 personas físicas, principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que actuaban en connivencia y familiares de los primeros.

En este expediente policial, se les imputan delitos contra la Seguridad Social, en sus modalidades de fraude de cotizaciones y fraude en el cobro de prestaciones, frustración de la ejecución, estafa procesal e insolvencia punible.

La Policía detalla que uno de los administradores investigados y sus tres hijos dirigían una mercantil dedicada al comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios, que facturaba "importantes cantidades de dinero".

Sin embargo, esta empresa dejaba sin pagar "de forma sistemática" las cotizaciones a la Seguridad Social, utilizando para ello a otras empresas a las que desviaba su patrimonio y llegando a crear mediante testaferros una sociedad en Panamá "sin ningún objeto social ni actividad en este país, con el único fin servir de instrumento social para operaciones financieras".

"Las empresas que formaban este grupo empresarial, dirigidas siempre por el mismo núcleo familiar, eran utilizadas para realizar entre ellas una elevada facturación cruzada y desviar los ingresos recibidos, evitando el pago a acreedores, así como otras operaciones para descapitalizar la mercantil principal ante un inminente concurso de acreedores, entre las que se encuentra la transmisión fraudulenta de bienes y derechos a la sociedad panameña", añade la Policía.

Entre otras operaciones destinadas presuntamente desviar el dinero, se detectó un compraventa de un buque por valor de 5,60 millones de euros hecha entre dos empresas del mismo grupo.

Otra forma de descapitalizar la empresa en concurso de acreedores, añade la Policía, la encontró el administrador a través de los salarios de sus hijos, a los que asignó un sueldo mensual de 10.000 euros a cada uno durante varios años.

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En otra de las investigaciones, un administrador constituyó a su nombre una empresa dedicada a la construcción de edificios residenciales, pero a su vez utilizó como testaferros a trabajadores sin cualificación ni recursos para la constitución de nuevas empresas que él mismo dirigía y utilizaba "para desviar los ingresos generados sin abonar las deudas de las predecesoras".

"Con el fin de lograr la declaración de insolvencia de las empresas ante el Juzgado de lo Mercantil, provocó deliberadamente la alteración de la contabilidad de las empresas concursadas al desviar la facturación al propio administrador como empresa y posteriormente a las empresas constituidas dirigidas por él mismo, pero en las que figuraban testaferros, para continuar su actividad", señala la Policía. EFE