La Guardia Civil ha desarticulado una organización, con diez detenidos en Cantabria y Vizcaya, dedicada a la estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental en la compra y alquiler de viviendas y obtención de hipotecas en la comunidad cántabra, con un fraude estimado en más de 2 millones de euros.

En la denominada operación Tanquetas, ejecutada entre Guardia Civil y Agencia Tributaria, se ha detenido a una decena de personass, entre los que se encuentran la cabecilla de la organización y su hijo con antecedentes por estafa y blanqueo de capitales en Francia por valor de 3 millones de euros, indica el instituto armado.

La trama se basaba en la adquisición de viviendas en Cantabria por medio de testaferros que marcaban para escriturar precios superiores al pactado en la compra, sin conocimiento de los vendedores.

Para la obtención de las hipotecas, la organización preparaba documentos falsos a nombre de los testaferros, tales como contratos de trabajo, declaraciones de la renta o nóminas.

El dinero de las hipotecas era ingresado en cuentas bancarias a nombre del testaferro, siendo controladas por la cabecilla de la organización.

Abonado el precio de la vivienda al vendedor, a la organización le quedaba el importe de venta inflado en escritura que rondaba entre 30.000 y 50.000 euros de beneficio por operación.

Esta sobrevaloración de precio en escritura posteriormente repercutía fiscalmente en el vendedor, quien debía pagar cuantías de impuestos mayores por un dinero que no había recibido.

Según la Guardia Civil, en año y medio la organización adquirió por este método un total de 15 viviendas en las localidades cántabras de Colindres, Laredo y Castro Urdiales.

Las detenciones se han producido en las localidades de Castro Urdiales, Laredo y Bárcena de Cicero (Cantabria), así como en Bilbao y Getxo (Vizcaya).

Los investigadores consideran a una mujer, de 66 años y vecina de Laredo, como la cabecilla de la organización, junto con su hijo de 41 años y con domicilio en Bárcena de Cicero, mientras el resto testaferros, carentes de medios económicos, recibían unos 6.000 euros por cada operación en la que participaban.