El PP asegura que cuatro comisiones del Senado están bloqueadas por culpa del Gobierno, que al no cumplir con su obligación de responder a tiempo a las preguntas escritas de los senadores hace que se acumulen, ya reconvertidas a orales, para que su contestación en comisión por altos cargos del Ejecutivo.

Es el caso de las comisiones de Fomento, Hacienda, Interior y Transición Ecológica, cada una de las cuales tiene pendientes de respuesta más de un centenar de preguntas procedentes de cuestiones que no han sido atendidas por escrito en plazo reglamentario.

El Reglamento, ha denunciado el portavoz del grupo popular en el Senado, Ignacio Cosidó, da prioridad a estas preguntas en el orden del día de las comisiones, y por este motivo no se pueden reunir ya que lo primero que tendrían que hacer es sustanciar este volumen ingente de preguntas.

En conjunto, las 27 comisiones de la Cámara Alta tienen pendientes de atender 583 preguntas orales procedentes de cuestiones formuladas por escrito y no contestadas en el plazo reglamentario de un mes fijado en el artículo 169 del Reglamento.

De esta manera, sólo esas cuatro comisiones -Fomento, Hacienda, Interior y Transición Ecológica- acumulan casi el 69 por ciento de todas las preguntas pendientes, lo que ha motivado una queja formal de Cosidó ante la Mesa del Senado.

Las demás comisiones tienen "en cola" cifras mucho menores, como las 36 que esperan en la Comisión de Asuntos Exteriores, las 19 de la de Industria o las 14 de la Comisión de Justicia.

Este problema no es nuevo en el Senado, y de hecho se han llegado a casos extremos como el "maratón" de preguntas que tuvo que contestar la anterior secretaria de Estado de Justicia con el Gobierno del PP, Carmen Sánchez-Cortés, el 5 de marzo de este año.

Fueron ocho horas seguidas de comparecencia, sin parar para comer, para dar respuesta a 50 asuntos planteados por los senadores, entre ellos muchos procedentes de preguntas escritas reconvertidas.

Apenas un mes después, la Mesa del Senado estudió el problema de la enorme acumulación de preguntas dirigidas al Gobierno por el "uso abusivo" que según este órgano hacían algunos senadores de las facultades de control al Gobierno.

Pese a proponer algunas soluciones a la Junta de Portavoces, incluido el establecimiento de cupos para las preguntas escritas, la cuestión ha quedado en el cajón y los grupos no han tomado ninguna decisión en los últimos ocho meses.