La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha pedido a los diputados su "colaboración" para derogar la "justa" reclamación de los operadores jurídicos de derogar el límite temporal a los plazos de instrucción penal que aprobó el anterior Gobierno.

En su comparecencia ante el Congreso para presentar sus líneas de actuación, Delgado ha considerado que este límite, establecido en la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy, no solo no ha agilizado la justicia penal, sino que, al contrario, "se ha mantenido la media de duración de las instrucciones judiciales y se ha incrementado notablemente el tiempo de espera para el enjuiciamiento".

Este límite, por el que las causas no pueden tardar en instruirse más de 6 meses, en el caso de las sencillas, y 9 en el de las complejas, ha "merecido numerosas críticas" porque, entre otras cosas, estipula que son los fiscales los que deben establecer este control de las causas, cuando no son ellos, sino los jueces, los que dirigen las investigaciones.

Ello ha provocado, según Delgado, que los fiscales deban acudir a los juzgados, donde se guardan las causas, para "abrir sus armarios, literalmente, para comprobar el estado de los procedimientos judiciales y anotar en un simple papel la causas cuyos plazos están próximos al vencimiento".

A su juicio, esto es "incongruente" y además se le añade la falta de medios para controlar la duración de los casos, con lo que "se genera un riesgo de impunidad inaceptable" con el que es necesario acabar.

Delgado ha considerado además "indispensable" retomar el diálogo con las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la administraciones de justicia y "reconstruir los puentes que jamás debieron romperse".

Tras la inédita huelga convocada por jueces y fiscales el pasado mayo, la ministra ha avanzado que propondrá crear un grupo de trabajo interdisciplinar que emita un informe exhaustivo sobre la situación del sector.