La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha abogado por contemplar formas alternativas a la prisión para los delitos de odio, como la imposición de multas o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido y que permitirían la reinserción con el contacto con las víctimas.

Delgado ha hecho una defensa de la "justicia restaurativa" para este tipo de delitos vinculados a la libertad de expresión, en su comparecencia este martes ante la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria de la Fiscalía de 2020.

"Tenemos que empezar a resolver conflictos de otra manera", ha dicho Delgado, que, además de proponer "hablar con las víctimas a las que se hace daño a través de las redes sociales", cree también importante que se condene a trabajos para la comunidad para pagar esa deuda.

Sin aludir directamente a los disturbios que se han producido desde el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, Delgado ha querido también dejar claro que la libertad de expresión "no es violencia" y ha asegurado que "todas las acciones violentas que se han podido producir en determinados espacios serán investigadas".

También ha defendido la autonomía del Ministerio Fiscal y el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado al haber sido cuestionada su idoneidad para el cargo por parte de algunos senadores, fundamentalmente los del PP.

"España no debe tener complejos con su Fiscalía", ha manifestado Delgado al recordar "todos los contrapesos que hacen que esta institución no pueda desviarse".

Para poner en duda su imparcialidad, algunos senadores se han referido a su relación con el exjuez Baltasar Garzón, a los audios del excomisario José Villarejo o a la comida que compartió con el empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Sin entrar directamente en ninguno de estos asuntos -estamos hablando de las Memorias no de la idoneidad o no de la titular de la Fiscalía General del Estado, ha dicho-, Delgado ha recordado que la abstención del fiscal para saber de determinados asuntos está regulada.

Además, la fiscal general "rarísimas veces tiene una participación directa" en los asuntos, salvo casos muy puntuales, por lo que, "si no hay intervención, no hay abstención", ha zanjado.

También ha destacado que la Fiscalía "está en condiciones de instruir", como le permitiría la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por eso entiende que es necesario "tener esa autonomía, esos medidos legales y materiales para poder avanzar en algo que es fundamental, que la ciudadanía confíe en la Fiscalía".

Ha defendido asimismo uno de los aspectos de su gestión como ha sido la designación de fiscales de Sala del Supremo para reforzar otras áreas de investigación aportando su especialidad en temas que son "transversales".

Así, ha puesto de relieve la colaboración del fiscal de sala del Supremo experto en delitos económicos con el fiscal jefe Anticorrupción en las investigaciones que afectan a las cuentas del rey emérito en el extranjero, o el reciente nombramiento del fiscal Javier Zaragosa, conocido por el juicio del "procés", para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

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Un nombramiento que el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, ha calificado de ilegal y frente al que ha manifestado su discrepancia ante la fiscal general del Estado, que ha dejado clara cuál es su posición al respecto.