La Defensoría de Bolivia pide a los grupos movilizados que depongan las las armas de fuego

Europa Press

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La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha hecho este domingo un llamamiento dirigido a las fuerzas sociales movilizadas en el marco de la crisis política en Bolivia a "deponer el uso de armas de fuego".

"Llamamos a las personas movilizadas a deponer el uso de armas de fuego durante su protesta, por no ajustarse al respeto de los derechos fundamentales y advierte que la justicia sancionará cualquier afectación a la vida o integridad humana", ha publicado el organismo en Twitter.

En concreto, la Defensoría revela que ha recibido una denuncia de miembros del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) sobre el asedio del que estarían siendo víctimas los mineros por pobladores y estantes del municipio de Huancarani, entre Potosí y Oruro, donde señalan la presencia de armamento y tres heridos como consecuencia del uso de armas de fuego.

"Este extremo, además de estar fuera del marco legal, implica un grave peligro para la población en general, por lo que nuevamente se exhorta a que quienes se encuentran movilizados no hacer uso de armas letales", ha añadido la Defensoría.

"También hacemos un llamado a la Policía Boliviana para que envié uniformados para resguardar la seguridad de quienes se encuentran asediados y que se trasladan a la ciudad de La Paz", concluye el comunicado.

CRISIS POLÍTICA

Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre por la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y el principal líder opositor, Carlos Mesa.

Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa ha denunciado un "fraude gigantesco". Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos dos personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas.

En este contexto, Morales accedió a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante. Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.

El jueves y el viernes se amotinaron policías en las regiones de más arraigo de la oposición, primero para exigir demandas laborales y posteriormente en apoyo a las movilizaciones opositoras, y el sábado hubo amotinamientos incluso en La Paz y el Ejército tuvo que salir al paso para advertir que no reprimiría las protestas.

Este domingo finalmente se ha publicado el informe preliminar de la misión de la OEA que denuncia graves irregularidades en el proceso electoral y señala como "improbable" que Morales obtuviera el 10 por ciento de votos de ventaja necesario para evitar una segunda vuelta contra Mesa.