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JUICIO ERE

Defensa de Juan Márquez dice antes de su llegada muchos pudieron parar ERE

La defensa del ex director general de Trabajo Juan Márquez ha criticado hoy que se le acuse de no paralizar cuando llegó en 2008 un sistema de ayudas que llevaba ocho años usándose cuando muchos que supieron de las irregularidades detectadas en ese tiempo por la Intervención no lo hicieron.,El abogado Manuel Pérez Cuajares ha iniciado su informe final en defensa de Márquez, que se enfrenta -como su antecesor Javier Guerrero- a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por pr

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 16:27

La defensa del ex director general de Trabajo Juan Márquez ha criticado hoy que se le acuse de no paralizar cuando llegó en 2008 un sistema de ayudas que llevaba ocho años usándose cuando muchos que supieron de las irregularidades detectadas en ese tiempo por la Intervención no lo hicieron.

El abogado Manuel Pérez Cuajares ha iniciado su informe final en defensa de Márquez, que se enfrenta -como su antecesor Javier Guerrero- a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Para el letrado, "lo poco o mucho que se hizo" para corregir las irregularidades señaladas por la Intervención "lo hizo el señor Márquez", quien llegó a la Dirección General de Trabajo en el año 2008, por lo que "es importante resaltar qué se supo y qué se hizo y pudo hacer" antes de su llegada al cargo.

En este sentido, ha destacado que Márquez no estaba en el cargo cuando la Intervención puso reparos en 2000 a las ayudas a la cárnica jienense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), lo que según las acusaciones llevó a idear un sistema para pagar ayudas a empresas y extrabajadores eludiendo la fiscalización previa de la Intervención a través de la agencia pública IFA/IDEA.

Tampoco cuando se firmó el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para instaurar ese llamado "procedimiento específico", ni cuando en 2003 la Intervención de IDEA analizó una veintena de expedientes y en un informe adicional remitido en 2005 a las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda señaló que la Dirección de Trabajo estaba concediendo las ayudas "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido".

Aunque ha subrayado que la Intervención nunca vio menoscabo de fondos públicos sino irregularidades administrativas, ha dicho que "cinco años antes de que mi defendido llegara" los interventores pudieron paralizar el sistema de ayudas de los ERE "si realmente veían ilegalidad",

De hecho, ha puesto en valor que fue su defendido quien encargó en 2009 un informe al bufete Garrigues e implantó los cambios que este señalaba.

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