La defensa del expresidente andaluz José Antonio Griñán ha denunciado que la Fiscalía y las acusaciones populares en el juicio de los ERE "han sustituido sistemáticamente la prueba de conocimiento, de intención" de los 21 ex altos cargos de la Junta procesados "por los juicios de valoración".

El abogado José María Mohedano ha terminado de exponer su informe final, en el que pide la absolución de Griñán, que se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación.

Para el letrado, en este juicio "toda la tesis consiste en que unos señores que son cargos de la Junta de Andalucía se concertaron para introducir en los Presupuestos unas transferencias de financiación con la finalidad de evitar la fiscalización previa" de las ayudas de los ERE.

"¿Dónde está probado que la intención era evitar la fiscalización previa? ¿Dónde está probada la concertación? Porque aquí parece que por ser cargo de la Junta de Andalucía ya hay una concertación. Aquí esto se ha repetido 80 veces pero no se ha intentado probar mínimamente. Esto puede servir para otra cosa pero para un juicio penal no sirve", ha defendido.

La defensa de Griñán, que antes de asumir la presidencia de la Junta en el 2009 fue consejero de Hacienda desde 2004, ha subrayado que "no se pueden juzgar estos hechos por convicciones íntimas no probadas desde el principio hasta el final", en un informe en el que se ha centrado en señalar que su cliente no recibió ninguna alerta de la Intervención por riesgo de menoscabo de fondos públicos que le instara a actuar.

Se ha preguntado si "quienes pudieron detectarlo consideraban que no existía" tal perjuicio, en alusión a los interventores, "cómo podía actuar" el consejero de Hacienda contra algo que desconocía, tras insistir en que la Intervención nunca hizo el reglamentario informe de actuación que debe hacer en caso de detectar riesgo para las arcas públicas y que hubiera obligado a actuar al Gobierno.

A su juicio, esa alerta no puede entenderse suplantada por el "tan traído informe adicional" que hizo el interventor en 2005, sobre el ejercicio 2003 en el marco del control a la empresa pública IDEA, en el que analizó una muestra de 20 expedientes de ayudas concedidas por la Consejería de Empleo y concluyó que se daban prescindiendo del procedimiento legal.

Un informe que, no obstante, según Mohedano, "nunca" llegó a Griñán porque no contenía ninguna medida a adoptar por Hacienda, y así lo ha corroborado la que fue su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo (también acusada) y el técnico de la Viceconsejería que sí lo vio.

"Difícilmente se puede acusar de inacción al consejero de Hacienda", ha alegado, cuando elevó al Consejo de Gobierno "todas las propuestas de mejora" que hizo la Intervención para el control financiero permanente de las empresas públicas como IDEA y "todas se aprobaron".

Mohedano se ha adherido a la impugnación de la prueba pericial planteada por el exconsejero Gaspar Zarrías, y secundada por la mayoría de las defensas, por haber sido "una prueba de interpretación jurídica absoluta" en la que el portavoz de los peritos de la Intervención estatal (IGAE), Ángel Turrión, puso su "empeño por discutir las normas básicas del Derecho".

Ha rechazado la "leyenda" de que las transferencias de financiación con las que la Consejería de Empleo enviaba a IDEA los fondos para que pagara las ayudas de los ERE eran "ilegales" pues "nunca" dijo eso la Intervención, sino que las veía "inadecuadas" y eran "un instrumento legal aprobado por las leyes de Presupuestos en el Parlamento andaluz".

Por todo ello, ha pedido la absolución de Griñán, quien sin recibir ninguna alerta de menoscabo que todos los interventores han dicho que no vieron "no tenía motivo para dudar de la legalidad" de un sistema de ayudas que se venía usando tres años antes de su llegada a la Junta y que "aprobaba el Parlamento".