La defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha terminado su informe final lamentando el daño personal y profesional causado a su cliente desde hace casi 8 años y asegurando que es el único miembro del Consejo de Gobierno que ha pasado por prisión porque "el resto eran personas aforadas".

Fernández, que fue viceconsejero de Empleo del 2000 al 2004 y consejero del 2004 al 2010, fue imputado en el caso ERE en febrero de 2011 y es juzgado en la pieza política de esta macrocausa por los delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación continuada, por los que la Fiscalía y el PP-A le piden 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

La primera instructora del caso ERE, la jueza Mercedes Alaya, lo envió a prisión comunicada y sin fianza en abril de 2012, una decisión que revocó en julio la Audiencia de Sevilla al imponerle 400.000 euros de fianza, que reunió en agosto de ese año, tras lo que salió de la cárcel.

Los 7 años y 9 meses transcurridos desde su imputación y los 6 años y 7 meses que han pasado desde su paso por prisión, hacen que la defensa de Fernández reclame la "atenuante de dilaciones indebidas", una parte del informe defendida por la letrada Beatriz Montaño.

Un periodo durante el cual su defensa ha lamentado el "desprestigio profesional irreparable, incluso aunque la sentencia sea absolutoria" para su cliente, que provoca que esté en paro desde su ingreso en prisión, al ser despedido de su cargo en el Consejo Regulador del Vino de Jerez, con la consiguiente repercusión para el cálculo de su pensión de jubilación.

Pero sobre todo, la letrada ha hecho hincapié en la "inevitable pero brutal mediatización" de esta causa que desde el inicio ha contado con una "amplísima difusión tanto en medios nacionales como autonómicos casi minuto a minuto", ante la que "la opinión pública ha interiorizado la culpabilidad" de todos los procesados.

Tras justificar la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido, otro de los abogados de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha concluido su largo el informe -que comenzó a exponer el lunes- afeando a la Fiscalía que aludiera a la inclusión del exconsejero en el ERE de las Bodegas González Byass, aún sabiendo que nunca cobró una renta de prejubilación porque ya en 2008, cuando no se sabía que iba a existir esta investigación judicial, no firmó la póliza.

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