La abogada del Estado que representa a Camilo Villarino, el exjefe de gabinete de la exministra de Exteriores Arancha González Laya en la causa penal por la presunta entrada ilegal del líder del Frente Polisario en España, Brahim Gali, ha alegado ante el juez de Zaragoza que instruye el caso que el contenido del teléfono móvil de Villarino, y en concreto su correo electrónico, está protegido por la Ley de Secretos Oficiales.

Esta es la respuesta de la abogada del Estado que representa a Camilo Villarino en el escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, a la petición hecha de entrega, voluntaria o no, del dispositivo en el que el exjefe de gabinete de González Laya recibió diversos correos electrónicos de una persona sin identificar con documentación sobre Gali.

En este escrito, al que ha tenido acceso Efe, se incluye una copia de un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010 que determina las materias en el ámbito de la seguridad del Estado y de sus relaciones diplomáticas que debe acogerse a la Ley de Secretos Oficiales de 1969.

Los correos electrónicos requeridos por el juez a petición de la acusación popular representada por el abogado malagueño Antonio Urdiales se dirigen a revelar la identidad de la persona que envió a Villarino una copia del pasaporte argelino utilizado por Gali en el hospital de La Rioja, en el que figura una identidad falsa, así como del documento de viaje utilizado por su hijo para regresar con su padre a Argelia, fechado el pasado 28 mayo, más de un mes después de su llegada a España.

Villarino ya se negó en su declaración como imputado ante el juez a revelar la identidad del remitente de los referidos documentos, y se limitó a entregar, a través de la abogada del Estado, una copia de ellos.

En el escrito de la abogada del Estado en el que se niega la entrega del dispositivo utilizado por el exjefe de gabinete de González Laya se citan varios supuestos que deben de ser protegidos mediante la ley de secretos, entre otros la protección humanitaria, con "especial incidencia" en casos "especialmente sensibles" en los que intervienen terceros países.

"En particular -alega esta letrada-, la petición de entrega voluntaria que se solicita por el juzgado supondría un incumplimiento del mandato legal previsto en la referida ley, por lo que no puede acceder a lo solicitado, de suerte que la limitación propia de estas materias alcanza a todas las autoridades y poderes públicos, incluidos juzgados y tribunales".

Añade, por otra parte, que además de la "imposibilidad legal" de entrega del dispositivo, Villarino mantuvo la costumbre durante su estancia en Asuntos Exteriores de ir borrando sus correos electrónicos por motivos de seguridad y a fin de minimizar el daño en caso de hackeo de sus distintos equipos.

Destaca a este respecto que únicamente mantuvo la documentación referida, la copia del pasaporte argelino de Gali y el permiso de residencia de su hijo (no el documento de viaje), dado que no tenía la consideración de "materia clasificada" una vez publicado en prensa el posible uso de documentación falsa en el hospital de Logroño.

El escrito señala, además, que Camilo Villarino no puede precisar en la actualidad de qué dispositivo en concreto se sirvió para acceder a los correos electrónicos requeridos.