El decreto ley que permite recurrir al Tribunal Supremo medidas que puedan afectar a los derechos fundamentales ante el fin del estado de alarma -como es la limitación de movimiento-, se vota hoy en el Congreso entre duras críticas de la mayoría de los partidos políticos.

El Pleno del Congreso debate la convalidación de este polémico decreto que no ha gustado prácticamente a ninguna formación, salvo a las que conforman el gobierno de coalición, y que ha recibido los reproches tanto de la derecha como de los socios que apoyaron la investidura del presidente, Pedro Sánchez.

No obstante, todo apunta a que el decreto ley será aprobado, pese a que partidos como ERC o EH Bildu se plantean la abstención.

Derecha e izquierda critican que dejar en manos del Tribunal Supremo la última palabra sobre los recursos que se interpongan ante los tribunales regionales por restricción de movimientos solo ha traído un "caos jurídico".

Y todos coinciden en que tendría que haber un paraguas normativo igual para todas las Comunidades Autónomas.

Sin embargo la norma que se debate hoy también prorroga medidas de protección social para colectivos vulnerables, como la suspensión de los desahucios o moratorias en el pago de los alquileres hasta el 9 de agosto, lo que hará que el decreto salga aprobado.

De momento tiene garantizado el voto en contra de Ciudadanos, a la espera de que también se pronuncien el PP y Vox.

Los principales socios que apoyaron la investidura de Sánchez están analizando plantarse con una abstención, que ya ha anunciado el PNV, y a la que podrían sumarse ERC y EH Bildu.

Más País y Compromís votarán a favor, lo mismo que los cuatro diputados del PDeCAT, ya que anteponen la necesidad de prolongar medidas sociales y económicas como la prohibición de los cortes de luz y gas.

Sin duda el Gobierno defenderá en la tribuna del Congreso su plan jurídico para afrontar la pandemia tras el fin del estado de alarma pese a las divergencias de criterio de los tribunales que han llevado, por ejemplo, a que se haya rechazado el toque de queda en Navarra o el cierre de un municipio en Andalucía, pero se hayan aceptado otros.

El PSOE ha reiterado en varias ocasiones que no está dispuesto a modificar una ley ordinaria para convertirla en excepcional y limitar derechos fundamentales con carácter general, como pide el PP en su Plan B jurídico.

Los populares acusan al Gobierno de "no legislar ni permitir legislar" y desde Ciudadanos también avisan de que el Gobierno pretende endosar al Tribunal Supremo la gestión de la etapa final de la pandemia.

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"Se trata de una cuestión de máxima relevancia que a juicio de la formación liberal requiere de un liderazgo y una determinación que ha brillado por su ausencia", señala en un comunicado Ciudadanos en el que insiste que "el Gobierno intenta someter a un chantaje a la Cámara al plantear esta chapuza jurídica junto con otras medidas sociales importantísimas que consideramos necesarias".

En este sentido han registrado una proposición no de ley que contempla la suspensión de los desahucios hasta final de año así como la compatibilidad de la pensión de jubilación a los profesionales sanitarios que han estado en primera línea de batalla contra la COVID-19.

También mantener la consideración de esenciales a los servicios de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, así como garantizar que todas las medidas de protección al colectivo durante el estado de alarma se mantengan en situaciones sanitarias de carácter extraordinario al margen de la herramienta jurídica.