El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu toma declaración este lunes a dos testigos protegidos en la investigación de los atentados del 17A en Cataluña, uno de ellos vecino de Alcanar (Tarragona), localidad de la explosión en una casa en la que fallecieron miembros de la célula que perpetró la acción terrorista.

Andreu decidió citarles en un auto en el que el que acuerda levantar parcialmente el secreto del sumario, que se mantiene no obstante para las piezas relativas a las entradas y registros, las comunicaciones telefónicas, de protección de testigos y de comisiones rogatorias.

Según el juez, estas cuatro piezas seguirán secretas, ya que se siguen practicando diligencias que resultan "complejas y extensas" y que, de ser conocidas por las partes afectadas, "pudieran hacer estéril toda la actuación sumarial seguida".

Pese al levantamiento parcial del secreto en las piezas en las que estima que no perjudicará las investigaciones, Andreu ha decidido que las partes no puedan sacar del juzgado las imágenes de la célula terrorista manipulando explosivos en la casa de Alcanar (Tarragona) que saltó por los aires la víspera de los atentados, ni las que reflejan el momento del atropello mortal en las Ramblas.

Solo ha permitido que visualicen en la secretaría del juzgado, con la expresa prohibición de efectuar ningún tipo de copia, para evitar su posible difusión externa, detalla el auto.

Casi un año después de los atentados, en los que fallecieron 16 de personas y un centenar resultaron heridas, la pieza principal de la causa abierta en la Audiencia Nacional por el 17A consta de 21 tomos.

El magistrado ha levantado el secreto de esta pieza, la única que está digitalizada, y también de las relativas a las víctimas, los investigados fallecidos, los daños materiales, las personaciones y sobre la situación personal y patrimonial de los investigados.

Paralelamente, el juez ha desestimado en otro auto la petición del Ayuntamiento de Ripoll (Girona), localidad de donde procedían la mayoría de jóvenes integrantes de la célula terrorista, para poderse personar como acusación particular en el procedimiento judicial sobre los atentados.

El consistorio de Ripoll fundamentó su solicitud como perjudicado alegando que sufrió perjuicios materiales, derivados de la atención psicológica a los vecinos afectados, además de los dispositivos policiales de todo tipo empleados en la investigación.

También argumentó el consistorio gerundense que sufrió daños morales por los atentados, debido a la afrenta al nombre y al prestigio histórico de la localidad y a su corporación municipal, al entender que el ataque terrorista atentó a su "heteroestima pública y honorabilidad".

Por el contrario, el juez Andreu, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, ha rechazado esta petición al considerar que el consistorio de Ripoll no puede ser considerada víctima o parte perjudicada de los atentados.

Cuestiona que la asistencia a vecinos de la localidad "equivalga a convertirse eventualmente en perjudicado directo de todo delito cuya existencia haga necesaria la prestación de un servicio.