La CUP se ha retirado como acusación popular en el caso del 3 % al entender que "se han cumplido los objetivos en la fase de instrucción de la investigación" y ha cedido el testigo al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), de cuyo Gobierno forma parte y que se personará como acusación particular al verse perjudicado por la presunta trama de financiación irregular de CDC.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa desde el Parlament este martes la diputada de la CUP Maria Sirvent y la teniente de alcalde de Sant Cugat Lourdes Llorente, en la que han señalado que la presencia de la formación anticapitalista como acusación ha servido tanto para "aclarar los hechos" como para obtener un procesamiento de los máximos responsables "de las finanzas de los partidos de Convergència y PDeCAT".

El juez José de la Mata propuso juzgar a los exgerentes de CDC Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó, y al exresponsable jurídico de la formación Francesc Xavier Sánchez Vera, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, por el cobro del denominado 3 % a cambio de adjudicaciones públicas en Cataluña, "la estructura puesta en marcha para financiar a dicho partido político ilegalmente y en forma encubierta".

En el auto, el juez de la Audiencia Nacional considera los hechos constitutivos de delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

"Entendemos que ahora mismo después de esta fase de investigación es el momento de las administraciones perjudicadas y, por tanto, lo que hacemos hoy es un movimiento coordinado con el Ayuntamiento de Sant Cugat, que se ha personado como acusación particular, como administración perjudicada en esta causa", ha indicado Sirvent.

Por su parte, Llorente ha afirmado que, en estos momentos, "las administraciones afectadas son aquellas además que tienen más capacidad para ayudar a la investigación de hechos como estos que se están juzgando".

Aunque ha señalado que "cuando estas administraciones dependen de las organizaciones o de los partidos que están investigados, estas administraciones no tienen ningún interés en comparecer como acusación particular", en referencia a que el Ayuntamiento de Sant Cugat estuvo gobernado por CDC y posteriormente el PDeCAT desde 1987 hasta 2019.

Asimismo, Llorente ha leído parte del auto del juez que hace referencia a CDC y el PDeCAT: "La supuesta disolución como actor político de CDC y la creación del PDeCat como nuevo partido político podría definirse como meramente aparente".

Esto es así, explica el juez, "al conservar en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales con los que contaba el anterior partido y que en muchos casos son de titularidad de Convergència".

En el auto del juez se afirma, asimismo, que "la creación del PDeCat se podría identificar como una mera transformación o incluso como un simple cambio de apariencia que impulsa CDC para eludir las responsabilidades penales en que hubieran podido incurrir".