La CUP ha reiterado hoy, en el inicio de la semana en la que la Constitución cumple 40 años, su rechazo a la carta magna, a la que define como "la continuidad del franquismo", "una cárcel de pueblos" y la causante del "mantenimiento de los privilegios de la monarquía".

Así se ha expresado hoy el diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés, quien, flanqueado por la concejal anticapitalista en el Ayuntamiento de Barcelona Eulàlia Reguant, ha visto en el texto constitucional "una opción clara para salvar a la oligarquía" mediante "pequeños cambios en algunos derechos".

Por ello este partido independentista ha atendido a los medios frente a la Bolsa de Barcelona, "expresión de lo que significa el régimen del 78 y el IBEX 35" y "origen de los privilegios franquistas", que Aragonés ha identificado en grandes empresas como OHL, Iberdrola, el Banco Santander, el BBVA o Telefónica.

Se reconocieron "algunos derechos y libertades", ha admitido Aragonés, que sin embargo ha subrayado que "quedaron intactos" los principales poderes: la alta Administración del Estado, el aparato judicial y "su aparato represivo" (Ejército, Policía Nacional y Guardia Civil) y las principales empresas, según ha enumerado.

Asimismo, ha recordado que el Tribunal Constitucional, garante del cumplimiento de la Carta Magna, "ha dejado sin efecto buena parte de la normativa progresista que ha emanado de la voluntad democrática del Parlament".

Por su parte, Reguant ha defendido que la Constitución sirvió para "limpiarle la cara" al régimen franquista, pero no para efectuar cambios de calado, ya que, según ha indicado, este es un texto que posibilitó que "todo cambiara para continuar igual".

Ha dicho que el PP, el PSOE, Ciudadanos y el PDeCAT son "el brazo político de las élites que reproducen este sistema" y ha señalado los hechos de octubre pasado en Cataluña como prueba de que "el IBEX se conjuró contra el pueblo".

Lo hizo, a su juicio, "reproduciendo las lógicas del franquismo, en el que las oligarquías mantenían sus privilegios para impedir que las clases populares se erigieran en garantes de derechos".