El líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión del Supremo de desestimar los incidentes nulidad presentados por las defensas para que se anulara la sentencia del 'procés'.

"Tienen razón, lo volveremos a hacer, nunca renunciaremos a la movilización. Continuamos acusando al Estado de encarcelar Derechos Humanos y nos vemos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)", ha escrito Cuixart en Twitter.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, también se ha hecho eco de ello después de que la entidad así lo anunciara en un comunicado, en el que ha reprochado al Estado situarse "fuera de la legalidad" internacional y de "mantener la vía represiva".

"Tendremos que ir al TC porque es un paso imprescindible antes de ir al TEDH, pero nos gustaría ahorrárnoslo", ha sostenido Mauri ante los medios, al tiempo que ha recalcado que su entidad "luchará y batallará cada una de las resoluciones" de los tribunales españoles.

"La Justicia española no es justa, busca la venganza y se sitúa fuera de la legalidad internacional porque no hace caso de lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni Amnistía Internacional ni Naciones Unidas", ha lamentado.

Mauri ha insistido en que el rechazo del Supremo a anular la sentencia del 'procés' ratifica que "Cuixart es alguien que les molesta" y que ha sido perseguido, ha dicho, "por sus ideas".

"Se vuelve a constatar que la sentencia (del 1-O) pone en peligro derechos fundamentales", ha alertado también.

En su comunicado, la entidad ha subrayado que el fallo contra la cúpula independentista "es fruto de un tribunal parcial y politizado con un sesgo ideológico contra el derecho a la autodeterminación" y ha reiterado que tanto el juicio como la instrucción "han estado repletos de irregularidades".

El Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles anular la sentencia del "procés", como solicitaban las defensas, en un auto en el que niega que se hayan criminalizado las ideas de los acusados, que buscaron "implementar una normativa antidemocrática e inconstitucional" amparados por un Gobierno autonómico "desleal".