La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recurrido una instrucción de Instituciones Penitenciarias que permite tener móvil en la cárcel a los 7.500 reclusos en régimen de semilibertad de la Administración General del Estado, al considerar que pone en riesgo la vida de los trabajadores y de sus familias.

Según alega este sindicato en el recurso, al que ha tenido acceso Efe, los presos "podrían obtener o capturar imágenes o grabaciones del centro o de sus trabajadores con propósitos irregulares" e "incluso se pudiera estar poniendo en riesgo la vida y la integridad física y moral del profesional afectado".

La instrucción recurrida, de 21 de abril, actualiza el protocolo de actuación en materia de seguridad en los centros de inserción social y secciones abiertas de las prisiones dependientes de la Administración General del Estado que regula un nuevo "catálogo de objetos autorizados en medio abierto".

Entre ellos figuran móviles, ordenadores personales, tabletas u otros dispositivos electrónicos, que siguen quedando prohibidos para el resto de reclusos.

El CSIF alega que, además de poner en riesgo a los funcionarios, Instituciones Penitenciarias ha obviado la negociación colectiva al no negociar ni consultar con las organizaciones sindicales la modificación del protocolo de actuación en materia de seguridad y solicita que se anule la instrucción.

Según la disposición de Prisiones, para tener acceso a los dispositivos móviles, los presos deben cumplir ciertas condiciones como dar su consentimiento expreso y por escrito para, en caso de ser requeridos por un funcionario, mostrar el contenido de las fotografías o historial reciente de consultas a internet.

Además, ante sospechas de mal uso del dispositivo, se le podrá retirar provisionalmente como medida cautelar o revocar de forma motivada la autorización.

Los móviles no podrán ser usados durante la participación en actividades y cursos formativos, en las entrevistas o terapias individuales, en los recuentos y durante la salida y entrada al centro.

Prisiones justifica su decisión en el hecho de que hay que tener presente el uso de las nuevas tecnologías en el régimen abierto a efectos laborales, formativos y de comunicación. EFE