El sindicato CSIF ha calificado de "ejemplar" una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Fresno de Torote (Madrid) a anular un decreto que limitaba las funciones de la interventora municipal, quien denunció haber sufrido "persecución y hostigamiento".

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 29 de Madrid ordena al Ayuntamiento a respetar las funciones de la secretaria e interventora municipal, aunque no entra a valorar si hay acoso hacia ella por parte del requerido equipo de Gobierno, ya que está aún pendiente la vista sobre el presunto caso de acoso laboral.

Sin embargo, el magistrado sí interpreta que las denuncias formuladas contra la secretaria-interventora de Fresno hasta la fecha no han tenido el más mínimo fundamento y se han producido con el claro ánimo de denigrarla infructuosamente y hacerle la vida imposible en el Ayuntamiento.

El fallo estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la interventora contra el decreto municipal de 2018 que le ordena que se abstenga de cualquier actuación profesional en cualquier procedimiento y trámite en que tuvieran participación tanto el entonces alcalde de Fresno de Torote, Francisco Galera (Serracines Puede), como cuatro concejales del PP del equipo de Gobierno, entre ellos la actual alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Arias.

Además de anular el decreto municipal, el juez señala en la sentencia que una vez que esta sea firme se remitirá al Ministerio Fiscal por si hubiera indicios de delito de prevaricación administrativa.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, el presidente de CSIF Administración Local para la Comunidad de Madrid, Víctor Martínez, ha indicado que es una sentencia ejemplar por hacer la vida imposible a la interventora, que lo único que ha hecho es cumplir con su trabajo en ese ayuntamiento.

Por su parte, la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Fresno de Torote (Madrid), Mercedes Sánchez, asegura haber sufrido "persecución y hostigamiento".

Ha manifestado que el equipo de Gobierno de Fresno de Torote la hizo sentir "completamente arrinconada" y aislada, y que incluso publicaron "varios comunicados" contra ella y sus "bajas médicas en la web municipal".

Asimismo, la funcionaria ha denunciado que el Ayuntamiento abrió nueve expedientes disciplinarios contra ella y presentó una querella, a raíz de su denuncia de presunto acoso laboral, que finalmente se archivaron.

Según ha explicado, esta situación comenzó con la Corporación formada tras las elecciones de 2015, de las que salió un Gobierno compuesto por Impulso Democrático, PSOE y Futuro Serracines, al que sucedió a finales de 2016 tras una moción de censura otro equipo formado por Serracines Puede y el PP.