La propuesta del Gobierno para designar al exministro Juan Carlos Campo y a la ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional ha sido recibida con críticas generalizadas en el Congreso, donde los grupos, con la excepción del PSOE, han censurado la politización de este órgano.

Entre quines han sido críticos figura el socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, que fue informado ayer a última hora de los nombramientos y no pudo discutir "los nombres y su idoneidad".

Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos, ha acusado al PSOE de "cinismo" y de no ser "coherente" porque vetaban a Victoria Rosell como vocal en un "órgano político como es el Consejo General del Poder Judicial" y ahora utilizan "una puerta giratoria para llevar a un exministro a un tribunal donde la independencia es un valor político".

Pese a estas críticas, los morados consideran "buena noticia" que el Gobierno nombre a los magistrados que le corresponden, sin esperar a los dos magistrados que debe proponer el CGPJ, que sigue sin acuerdo.

En cambio, PP y Vox acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de autoritarismo.

Cuca Gamarra, portavoz de los populares en la Cámara, ha denunciado que "el Gobierno se nombra a sí mismo magistrado del Tribunal Constitucional" e interviene "por la puerta grande" en el órgano que comprueba la constitucionalidad de sus actos, algo que no cree que vaya a pasar desapercibido en las instituciones europeas.

"Ahora queda claro por qué se negaron a despolitizar el Poder Judicial y bloquearon un acuerdo", ha apuntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en Twitter.

Los populares no han adelantado qué iniciativas van a tomar, pero han advertido de que la constitución es "clara" y fija que la renovación es "por tercios" por lo que ven "indiscutible" que el Ejecutivo debe esperar a los nombres del CGPJ.

De Campo y Díez, el PP destaca que ambos "atesoran en sus currículum sentencias de inconstitucionalidad" porque como ministro y como directora general son los "máximos responsables de los dos estados de alarma que fueron declarados institucionales".

De "autócrata que sabe que solo podrá destruir España si destruye la independencia de todas las instituciones que aún quedan en pie" ha tildado a Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal, que en Twitter ha denunciado que se haya "colocado en el Constitucional" a quien "redactó los indultos a golpistas".

Vox defiende que "solo cabe una oposición frontal" ante un PSOE con "aires totalitarios" y ha apelado al PP para que "tome distancia con este Gobierno con el que tanto quería negociar".

"Pasará de cumplir órdenes en la Moncloa a cumplir órdenes en el Tribunal Constitucional", ha denunciado por su parte el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha apuntado que Sánchez es el "presidente más nocivo para la democracia, para la división de poderes".

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Las críticas le han llegado al Gobierno también por parte de socios como Compromís o Más País. Íñigo Errejón ha lamentado que el Gobierno haya perdido la "oportunidad de interrumpir los dos grandes partidos nombren a altos cargos del TC" y Joan Baldoví ha señalado que la propuesta de Campo "no ayuda para prestigiar el TC" y ha abogado por nombramientos "menos polémicos".

El único grupo que ha defendido los nombres elegidos ha sido el PSOE. Patxi López ha argumentado que la propuesta del Gobierno de dos magistrados "no está condicionada al incumplimiento de otras instituciones" y ha acusado al PP de ver "la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio" por sus propios nombramientos en el Tribunal Constitucional.