El que fuera gerente del PP Cristóbal Páez ha recibido el alta hospitalaria por lo que abandona el Hospital Enfermera Isabel Zendal en el que fue ingresado el jueves después de que se le diagnosticara una neumonía derivada del coronavirus. Fuentes de la defensa, consultadas por Europa Press, señalan que ahora debe permanecer en aislamiento domiciliario.

Precisamente este lunes la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordaba aplazar los interrogatorios de los acusados en el juicio por el presunto pago con dinero de la caja 'b' del PP de la reforma de la sede nacional del partido hasta que Páez se recuperara totalmente del covid-19.

En su resolución y con el fin de determinar la fecha de reanudación, la Sala pedía al médico forense de la Audiencia Nacional que a lo largo de esta misma semana examinara al acusado y emitiera un informe acerca de su estado de salud y evolución.

El juicio se vio así interrumpido al término de las cuestiones previas, después de que arrancara el pasado 8 de febrero. De hecho, las dos sesiones celebradas ya fueron seguidas por el exgerente del PP por videoconferencia desde su domicilio, debido a que ya había dado positivo en coronavirus y se encontraba con fiebre.

En la resolución comunicada este lunes, la Sala atendía la petición del abogado de Páez y consideraba que la presencia del acusado es necesaria para la continuación del juicio.

PERICIAL MÉDICA A PRESENTAR ESTA SEMANA

"A efectos de determinar la posible fecha de reanudación, teniendo en cuenta la previsto en el articulo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), se acuerda que por parte del médico forense, adscrito a la Audiencia Nacional, se proceda a examinar al señor Páez y recabar la información médica necesaria a fin de exponer a este Tribunal por medio de informe, que deberá presentar a lo largo de esta semana, cuál es la situación relativa a la salud del mismo, su evolución y la previsión de curación así como la posibilidad de comparecer a juicio sin riesgo para la salud pública", señalaba la Sala.

La Audiencia suspendía, por tanto, el juicio oral y dejaba sin efecto los traslados de Luis Bárcenas desde el centro penitenciario, así como las citaciones de los acusados y testigos para los próximos 16, 17, 22, 23 y 24 de febrero.

En este procedimiento, en el que se analiza si se usó dinero de la presunta caja 'b' del PP para sufragar la remodelación de la sede la formación política y no las donaciones finalistas al partido --que aún siguen en instrucción--, la Fiscalía Anticorrupción pide para Bárcenas cinco años de prisión, que se acumularían a la condena de 29 años de cárcel y un mes que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel. Las acusaciones populares solicitan penas más elevadas.

Por estos hechos también están acusados Cristóbal Páez, para quien Anticorrupción pide un año y medio de cárcel; los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Asimismo, se sienta en el banquillo de los acusados la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien Fiscalía interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de la acusación que mantienen las acusaciones populares.

En cuanto al PP, vuelve a estar frente al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ocurrió por la primera época de la trama Gürtel, donde fue condenado como partícipe a título lucrativo, pero esta vez como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.